La paralización de los camioneros independientes cumple su segunda jornada en el puerto de San Antonio. Este viernes se espera una nueva reunión con autoridades y representantes del sector, mientras los transportistas exigen mayor transparencia en las tarifas y que los generadores de carga asuman los costos correspondientes.

El paro de camioneros independientes en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, continúa este viernes 30 de octubre en su segunda jornada, en medio de las gestiones del Gobierno para intentar destrabar el conflicto.

La movilización está marcada por las expectativas de una nueva instancia de diálogo entre los transportistas, las autoridades y los representantes de las empresas involucradas.

Según explicó Manuel Araya, dirigente de la agrupación de camioneros independientes, el gremio ya sostuvo una primera reunión con la delegada presidencial provincial y el subsecretario de Economía. Posteriormente, este último se reunió con los gerentes de distintos depósitos de San Antonio.

¿Qué exigen los camioneros independientes?

Araya aclaró que el conflicto no es directamente con el Gobierno, sino con los generadores de carga, a quienes los transportistas exigen asumir el traspaso de los costos.

Entre las principales demandas se encuentra avanzar hacia una mayor transparencia en las tarifas que se pagan en San Antonio, especialmente para los pequeños transportistas.

Pese a las gestiones realizadas, el dirigente aseguró que todavía no han retomado las conversaciones con las empresas involucradas ni han recibido comunicaciones de estas. Además, indicó que una reunión con la empresa DIC, que estaba prevista para el jueves, finalmente fue suspendida.

Nueva reunión definirá continuidad de la movilización

Para este viernes está prevista una nueva reunión entre las 15:00 y las 16:00 horas, instancia en la que se espera la participación del presidente nacional de los camioneros, Juan Araya, quien ya cuenta con el tarifado, las cartas y las peticiones del gremio.

Los transportistas esperan que las conversaciones permitan alcanzar un acuerdo. Sin embargo, Manuel Araya advirtió que, si no se llega a una solución, continuarán los bloqueos en los distintos generadores de carga.

“Llegamos a buen puerto o la paralización sigue”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, agradeció a los conductores y propietarios de camiones que se mantienen movilizados y destacó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado inconvenientes con Carabineros durante la paralización.

Las bancadas opositoras anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, luego de que defendiera ante la Cámara de Diputadas y Diputados los decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La acción sería la primera de este tipo contra un integrante del gobierno de José Antonio Kast.

La oposición anunció este miércoles que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La decisión se dio a conocer después de una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que el secretario de Estado defendió la actuación del Ministerio de Justicia y sostuvo que las decisiones se adoptaron conforme a la legislación vigente y a resoluciones judiciales.

La polémica se originó tras conocerse la aprobación de 56 decretos que concedieron reducciones de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

¿Por qué la oposición busca acusar constitucionalmente a Rabat?

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la decisión responde a la gravedad de lo ocurrido y cuestionó que se hayan aprobado las rebajas de condena.

En la misma línea, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que la sesión especial no permitió obtener todas las respuestas que buscaban los parlamentarios sobre las decisiones del Ministerio.

El diputado Cristián Tapia, independiente-PPD, también respaldó la iniciativa y señaló que el caso debe abordarse desde la protección de las víctimas.

Por su parte, el diputado socialista Juan Santana cuestionó la actuación de las autoridades de Justicia y afirmó que la oposición utilizará las herramientas de fiscalización disponibles para exigir responsabilidades políticas.

La Democracia Cristiana, en tanto, anunció que establecerá contactos con abogados constitucionalistas para preparar el texto de la acusación. La bancada liberal también confirmó que apoyará la presentación.

¿Qué respondió el ministro Fernando Rabat?

Durante la sesión especial, Rabat defendió la actuación de su cartera y argumentó que el Ministerio debía considerar las resoluciones de la Corte Suprema.

“No es posible olvidar, desechar una sentencia de la excelentísima Corte Suprema”, afirmó el ministro ante los parlamentarios.

El secretario de Estado sostuvo que las decisiones cuestionadas se relacionan con el cumplimiento de resoluciones judiciales dictadas en casos en que condenados habían recurrido contra rechazos previos a sus solicitudes de rebaja de pena.

La defensa del ministro se produce después de que el Presidente José Antonio Kast reconociera un error del Gobierno en el manejo de la controversia, aunque ratificó a Rabat en el cargo y le encargó liderar las medidas para esclarecer lo ocurrido y evitar que se repita.

Gobierno prepara cambios legales

En medio de la polémica, el Ejecutivo anunció un proyecto de ley para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad accedan a beneficios de reducción de condena.

La iniciativa comenzó su discusión en la Comisión de Constitución del Senado, mientras continúan los cuestionamientos políticos por los decretos ya emitidos.

La acusación constitucional anunciada por la oposición deberá ser redactada y presentada formalmente para iniciar su tramitación. Si se concreta, sería la primera acción de este tipo contra un integrante del Gobierno de José Antonio Kast.

La encuesta Plaza Pública Cadem registró una caída de cuatro puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast. Además, un 92% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó al 29%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 25 de octubre. La cifra representa una caída de cuatro puntos porcentuales, mientras que la desaprobación alcanzó el 66%.

El sondeo también mostró una disminución en la evaluación de distintos atributos del mandatario, entre ellos su capacidad de diálogo, responsabilidad y liderazgo.

92% rechaza rebajas de condena por delitos sexuales

Uno de los principales resultados de la encuesta se relaciona con las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según Cadem, un 89% de los encuestados afirmó haber escuchado sobre el caso y un 92% manifestó estar en desacuerdo con las medidas. Además, la controversia fue considerada la noticia más importante de la semana por un 36% de los participantes.

Economía y empleo entre las áreas peor evaluadas

En cuanto a la gestión del Gobierno, economía y empleo obtuvieron un 26% de evaluación positiva. También registraron cifras bajas las comunicaciones, con un 20%, y justicia, con un 19%.

En contraste, vivienda alcanzó un 37%, seguida por inmigración, con un 36%.

Los resultados muestran una caída en la aprobación presidencial y un amplio rechazo a las rebajas de condena consultadas en el estudio.

El Presidente analiza si Chile se incorporará como miembro pleno a la alianza internacional impulsada por Donald Trump o si mantendrá su participación como observador. La decisión se discute en medio de presiones de partidos oficialistas y dudas sobre las implicancias de la iniciativa.

El presidente José Antonio Kast convocó este domingo 25 de octubre a ministros de su gabinete para analizar la participación de Chile en la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

La reunión en La Moneda contempla la participación de los ministros Claudio Alvarado, Francisco Pérez Mackenna, Fernando Barros y Martín Arrau, además del subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas.

La cita se realiza antes de una reunión de la coalición programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana, donde los países participantes abordarán la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico.

¿Por qué Chile aún no confirma su ingreso?

Hasta ahora, el Gobierno ha optado por mantener a Chile como observador, mientras analiza las implicancias de incorporarse como miembro pleno. Entre las preocupaciones están las condiciones de las operaciones conjuntas y sus posibles efectos sobre la soberanía nacional.

La discusión también generó diferencias dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó al Gobierno a sumarse formalmente a la alianza y sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Por su parte, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, señaló que la decisión continúa en evaluación y que el Presidente anunciará su determinación una vez que concluya las consultas correspondientes.

Por ahora, no se ha confirmado un cambio en la posición de Chile. La definición determinará si el país se integra como miembro pleno o continúa participando como observador.