Rodolfo Yanzón, abogado de Galvarino Apablaza, dijo que sabe dónde está el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) pero que no revelará su ubicación y que éste no se entregará a la justicia, en medio de un proceso de extradición que involucra a autoridades de Argentina y Chile. La situación ha tensionado el diálogo entre gobiernos y mantiene expectante al Poder Judicial.
La policía argentina intentó detener a Apablaza el miércoles pasado, pero “no lo encontraron” en su domicilio, según registros periodísticos.
En conversación con radio Infinita, Yanzón afirmó: “Si lo supiera no se lo diría (…) si, por supuesto que sé… converso con él”. Sobre la posibilidad de que su defendido se entregue, sostuvo que “no va a someterse a esta detención que es una detención absolutamente ilegal, pedida por el Ministerio de Seguridad de la Nación y firmada por una jueza que desconoce por completo el caso”.
El abogado también se refirió al magistrado a cargo de la causa en Argentina, el juez Ariel Lijo. Según Yanzón, “El juez que está a cargo de la causa, que es el juez Ariel Lijo, hace dos meses que tiene la causa y dijo claramente: ‘voy a estudiarlo detenidamente porque es un caso complejo'”. Añadió que tanto “desde el Gobierno de Argentina como el de Chile también lo han presionado bastante” y que, a su juicio, “afortunadamente, el juez Lijo no se ha dejado presionar”.
Respecto a los pasos procesales, Yanzón expresó: “Estamos esperando que en las próximas horas él pueda evaluar cuál es la situación y definir, esperamos nosotros que levantando la orden de detención desde luego, y también esperamos que diga la extradición ha finalizado”.
Antecedentes del caso señalan que Apablaza, nacido en 1950, fue uno de los fundadores del FPMR y lideró la organización entre 1988 y 2001. Durante su trayectoria fue parte de las juventudes comunistas, vivió en el exilio —primero en Panamá y luego en Cuba— y alcanzó el grado de comandante en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Se le atribuye el alias “comandante Salvador”. En 1988 retornó a Chile y, según las imputaciones que motivan la solicitud de extradición, estaría vinculado al asesinato del exsenador Jaime Guzmán y al secuestro de Cristián Edwards. Posteriormente abandonó el país y se radicó en Argentina, donde en algún momento tuvo la calidad de refugiado, estatus que fue revocado durante el Gobierno de Mauricio Macri.
El desarrollo del caso dependerá de las decisiones que tome el juez Ariel Lijo respecto a la orden de detención y a los trámites de extradición. La resolución tendrá implicancias en los procedimientos judiciales entre ambos países y en las expectativas de las víctimas y sus familias.
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