El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a todos los imputados del caso SQM tras casi once años de investigación, en una resolución que incluye a figuras de la política nacional como Marco Enríquez-Ominami y el exministro y senador Pablo Longueira. La decisión reaviva el debate sobre la actuación de la Fiscalía y el impacto de largos procesos judiciales en la vida pública y privada de los involucrados.
La absolución fue adoptada por el tribunal luego de un proceso que se extendió casi una década, en el que se investigó financiamiento irregular en la política. Entre los formalizados estaban el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, exsecretario de Estado y exsenador.
El abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, criticó con dureza el accionar del Ministerio Público en declaraciones a Tele13 Radio. “La reacción de la Fiscalía es congruente con la actitud que han tenido durante todo este proceso. A mi modo de ver, son los responsables, tal como se dice en el fallo, de este desaguisado y de esta afectación grave a los derechos de las personas que fueron procesadas en esta causa”, dijo Espinoza.
Espinoza sostuvo además que la investigación no constituyó un juicio contra la clase política sino una acusación particular contra su representado. “A Pablo Longueira se le imputa que habría sido sobornado por una empresa, y el soborno implica que, según la imputación, a él se le habría pagado por realizar una actuación determinada. De manera que eso es lo que debía ser acreditado y debería haber sostenido un fundamento para haber sostenido esa imputación en el Ministerio Público”, explicó.
El defensor también subrayó las consecuencias personales y profesionales que enfrentó Longueira durante el proceso. “Atendidas las medidas cautelares y atendido que la audiencia de preparación de juicio oral duró seis meses, el juicio duró dos años y medio o más. Durante todo ese tiempo, Pablo Longueira estuvo impedido de trabajar, de ejercer cualquier actividad, de viajar y tenía que estar conectado o asistiendo a las audiencias diarias. Y la pena que se le estaba solicitando era inferior a ese plazo”, recalcó Espinoza.
Sobre la duración del procedimiento, el abogado advirtió que la búsqueda de resultados por vías procesales puede afectar garantías y la proporcionalidad. “Por lo mismo, Espinoza apuntó a que el Ministerio Público busca obtener un resultado ‘vía procedimental sin sentencia más grave que la pena solicitada'”, señaló en la entrevista, y agregó que “entonces, es evidente que el plazo razonable aquí se hace más todavía relevante, para efectos de que el tribunal evalúe cuál es la sanción, si es que no se hace este juicio en un plazo razonable”.
La absolución marca el cierre de una investigación de casi once años y abre expectativas sobre las reacciones institucionales y políticas que puedan presentarse en los próximos días. Queda por conocerse la postura oficial del Ministerio Público y las consecuencias políticas para los absueltos, mientras la decisión tendrá repercusiones en la percepción ciudadana sobre procesos de investigación y duración de los juicios.
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