La solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego y las diligencias relacionadas al caso ProCultura mantienen en tensión la investigación sobre el manejo de recursos públicos y el cobro de pólizas de garantía por parte de la aseguradora ASPOR.
La Fiscalía presentó el 4 de septiembre una extensa petición de desafuero contra Orrego y, tras más de un mes, la justicia aún no ha resuelto la medida. La defensa del gobernador —liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, junto a otros seis asesores legales— logró trasladar la causa desde Antofagasta a Santiago, según consta en el expediente.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) sorprendió a los intervinientes al decidir que su comité penal no se querellará contra Orrego. No obstante, la institución ya resolvió querellarse en tres aristas del caso contra Alberto Larraín, fundador de la ONG ProCultura. En ese contexto, fuentes del CDE señalaron que el pleno del Consejo analizará próximamente la decisión del comité penal.
Israel Chamorro, jefe del departamento jurídico de la Gobernación Metropolitana, declaró ante la fiscalía sobre la gestión interna durante los días más complejos del caso. Chamorro afirmó que “el día 18 de diciembre del año 2023 (un día después de cumplirse el plazo de pago) se nos notificó la medida prejudicial precautoria requerida por ASPOR… Producto de lo anterior, el día 19 de noviembre del año 2023, el Gobernador Regional convocó a un nuevo comité de crisis”. Chamorro agregó que “a mí me correspondió redactar los documentos legales e ingresar la denuncia, redactar el oficio al Consejo de Defensa del Estado y el Gobernador llamaría al Presidente del Consejo de Defensa del Estado. Acordándose entre las autoridades (Gobernador y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado) que se asumiría la representación del GORE en la causa civil mencionada, sin perjuicio de la formalidad que se debía realizar, y dada la premura de los plazos para reponer la medida prejudicial precautoria”.
El conflicto central es el impago por parte de la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) de cinco pólizas de garantía contratadas para cubrir el convenio entre el GORE Metropolitano y ProCultura. Esas pólizas, según la Gobernación, suman “cerca de $1.000 millones”, mientras que los recursos traspasados a la ONG ascienden a más de $1.600 millones. El GORE exige a ASPOR el pago de las pólizas luego de que el convenio se diera por terminado en el marco de las investigaciones.
La gerenta comercial de ASPOR, María de la Luz Berg, declaró ante la fiscalía que “el gerente general de ASPOR Juan Eduardo Ovalle y Marcelo Mosso (director ejecutivo de la asociación de aseguradores de Chile), para informarle que Claudio Orrego está presionando para que la asociación apurara el pago de ASPOR respecto a las pólizas cobradas del programa ‘Quédate’, las que correspondían a 5 pólizas por un monto de 31.000 UF”.
La Policía de Investigaciones (PDI) detalló en un informe movimientos financieros en la cuenta de ProCultura que llaman la atención de los fiscales: “del análisis bancario de la cuenta corriente (de ProCultura) se verificó el abono inicial de $1.683.788.000 el día 9 de noviembre de 2022 y, ese mismo día, un cargo equivalente correspondiente a inversión en fondos mutuos por $1.638.788.000. Entre 2022 y 2023 se identificaron reiteradas operaciones de inversión y rescate en fondos mutuos, destacando transacciones de alto monto como una inversión de $760.000.000 el 11 de mayo de 2023 y rescates parciales”.
Rodrigo Henríquez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que conoció el contrato, declaró que el programa “Quédate” no ingresó formalmente y “no cuenta con resultados del análisis técnico económico… y por lo tanto, no cuenta con historial de resultado. Lo anterior implica que ningún analista fue asignado a su revisión”. Henríquez señaló además que la iniciativa “no registra fecha de postulación” y que, por ello, la revisión técnica y su pertinencia estaban “a lo menos compleja”.
Desde la Gobernación Metropolitana defendieron su actuación y la participación del CDE en la causa civil. En un comunicado, desde el GORE indicaron que “el CDE es el órgano encargado de velar por los recursos públicos y nos está apoyando -hace casi dos años- para recuperar los mil millones defraudados por Procultura. El Gobernador Claudio Orrego protegió el 100% de los fondos del proyecto de prevención del suicidio ‘Quédate’, exigiendo garantías o pólizas de seguro, mucho antes que la ley lo requiriera. El CDE nos está defendiendo para que la aseguradora ASPOR pague las pólizas de primer requerimiento, que ilegalmente se ha negado a pagar, y por lo que la CMF ya los multó. El gobernador y el Gore Metropolitano siempre han señalado que no descansarán hasta recuperar los mil millones que no se ejecutaron y que estaban correctamente protegidos con la aseguradora”.
