El Gobierno incluyó en el acuerdo para el reajuste fiscal una norma que acota la “confianza legítima” de funcionarios a contrata y reduce de cinco a dos años el tiempo para considerarlos casi inamovibles, una medida que abrió un fuerte debate en el Congreso y dividió al oficialismo a menos de tres meses del cambio de mando.
La iniciativa, ubicada en el punto 14 del acuerdo, deberá comenzar su discusión legislativa el 5 de enero y contempla, según el texto del Ejecutivo, requisitos más estrictos para la remoción de trabajadores a contrata. “Con esto, los funcionarios nombrados discrecionalmente no podrían ser removidos fácilmente en el próximo gobierno”, señala el análisis oficial, que estima que podrían verse beneficiados alrededor de 380 mil funcionarios.
Las reacciones en la coalición gobernante fueron dispares. En el PPD, el jefe de bancada Raúl Soto afirmó en T13 que “este es el último gran error del gobierno del Presidente Gabriel Boric” y anunció que “no va a contar con mi voto ni con la mayoría de la bancada nuestra en el Congreso”. El diputado Jaime Araya (ind-PPD) publicó en sus redes: “no podemos apoyar una ley de defensa del pituto, nunca se había hecho y no hay que hacerlo ahora”.
Desde el Partido Socialista, su presidenta Paulina Vodanovic criticó la falta de información a parlamentarios: “yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo de acuerdo”. Además, en el PS generó malestar el nombramiento de Patricia Muñoz como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, dado que debe permanecer al menos seis meses con licencia por embarazo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), ha defendido que el proyecto diferenciará “de manera más clara entre los funcionarios de carrera y los que son de confianza política”, y dijo que esos últimos “renunciarán a sus cargos el 11 de marzo”. No obstante, su antecesor Mario Marcel calificó la fórmula como “no es óptima”, comentario que Grau reconoció compartir en parte.
En el Frente Amplio y el Partido Comunista hubo respaldo a la propuesta. La excandidata Jeannette Jara afirmó que “es evidente que todos aquellos funcionarios que son de confianza tienen que salir del gobierno, pero la gran mayoría de los funcionarios son de carrera y no tendrían por que dejar el Estado”. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, se sumó a las palabras del timonel Lautaro Carmona y sostuvo que las críticas son “exageradas”, recordando además cambios recientes en los criterios de Contraloría para ceses fundados.
Parlamentarios del FA defendieron los criterios propuestos. El senador electo Diego Ibáñez dijo que pedir “un acto fundado, respetar vacaciones y avisar con 30 días de anticipación, no es un amarre sino que son criterios objetivos” y añadió que “me parece muy mal que el gobierno no sepa explicar claramente los acuerdos a los que llega, para contrarrestar las noticias falsas”. En contraste, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic advirtió que la inamovilidad “es un problema que frena la eficiencia del Estado” y pidió que “urgen reformas al estatuto administrativo” que incluyan evaluaciones de desempeño.
El debate legislativo enfrenta así a la oposición y a fragmentos del oficialismo, lo que deja incierto el futuro del punto incluido en la ley miscelánea del reajuste fiscal. Sus críticos sostienen que una reforma de este alcance debería tramitarse como modificación al estatuto administrativo en vez de incorporarse en una norma exprés al cierre del mandato.
