“Una investigación penal por presuntas irregularidades en la Corte Suprema y el pago de Codelco a un consorcio bielorruso ha llevado a la formalización de la pareja de una exministra y a abogados vinculados al caso, lo que reaviva el debate sobre transparencia en los tribunales y en empresas estatales”, según Ex-Ante.
“En 2021, Movitec se adjudicó un contrato con Codelco por US$242 millones para retirar 125 millones de toneladas de tierra y construir 20 kilómetros de camino en el proyecto Rajo Inca, en la División El Salvador”, según la cronología publicada por Ex-Ante.
“Tras incumplimientos, retrasos y la muerte accidental de un trabajador, Codelco cortó el contrato y el conflicto pasó a arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago; además Movitec presentó recursos en la Corte de Apelaciones de Copiapó para recuperar maquinaria y boletas de garantía por US$20 millones, recursos que fueron rechazados”, precisa la nota.
“El consorcio Belaz-Movitec acudió entonces a la Corte Suprema y el 28 de junio de 2023 presentó un recurso de protección que, el 30 de junio, fue asignado a la Tercera Sala presidida en subrogancia por la ministra Ángela Vivanco; ese mismo día la sala acogió el recurso y, el 4 de julio, la sentencia revocó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Copiapó, ordenando la restitución de garantías y maquinarias”, detalla Ex-Ante.
“Según la investigación de la fiscal Carmen Gloria Wittwer, el mismo día de la sentencia la exministra Vivanco habría concurrido a la oficina de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, donde le habrían pagado US$15.600”, informa Ex-Ante sobre las diligencias iniciales.
“El entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, señaló que se cometió un ‘error involuntario de transcripción’ en la tabla del 30 de junio, al no incluir la frase ‘Dése cuenta del Recurso en la Tercera Sala de esta Corte’, anotación que fue agregada posteriormente en una versión corregida”, consignó la publicación.
“Los abogados de Codelco presentaron un recurso de nulidad argumentando que, por ese error, ‘la cuenta de la apelación y la adopción del acuerdo nunca pudieron haber tenido lugar’; sin embargo, el 5 de julio la Tercera Sala rechazó el incidente de nulidad”, añade la cronología.
“En las semanas siguientes se sucedieron nuevas presentaciones judiciales y resoluciones: el 13 de julio Belaz Movitec cuestionó montos transferidos por Codelco; el 2 de agosto la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la petición de costos adicionales; y el 8 de agosto, según un informe policial, los teléfonos de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas figuraron en el domicilio de la ministra Vivanco y su pareja en Las Condes, hecho que la investigación considera relevante”, según Ex-Ante.
“El informe policial también constató que un recurso de reposición fue redactado y registrado con firma digital desde ese domicilio a las 23:44 horas, y que en fechas posteriores hubo coincidencias de las mismas personas en la casa de Las Condes vinculadas a presentaciones ante la Suprema”, apunta la nota.
“El 28 de septiembre, la Corte Suprema falló nuevamente a favor del consorcio bielorruso; Codelco interpuso recursos para dejar sin efecto esa resolución y la causa fue asignada a la sala de Vivanco, que declaró ‘no ha lugar’ la reposición por improcedente”, registra la cronología.
“En cuanto a la trazabilidad de fondos, el 11 de diciembre Codelco transfirió $4.415.816.192 al Consorcio Belaz-Movitec SpA, y la Fiscalía determinó que parte de esos dineros llegó a la firma Lagos Vargas & Silber Asesorías Legales —que recibió $198.711.729—, desde donde se giró un cheque a nombre de Cristian Pizarro Cornejo cuyo padre lo cobró y luego habría entregado US$70.000 a la oficina de abogados”, informa Ex-Ante sobre la ruta del dinero investigada.
“El informe policial consignó también que la pareja de la exministra visitó el estudio de abogados el 18 de diciembre, por lo que ‘no se descarta que el beneficiario final de los 70.000 USD haya sido el investigado Migueles’, y señaló movimientos bancarios, viajes al extranjero y conversaciones de WhatsApp que registran compras de dólares”, añade la publicación.
“Como consecuencia de estas indagaciones, se formalizó a Gonzalo Migueles —pareja de la exjueza de la Corte Suprema— y a los abogados del consorcio Belaz-Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos”, según Ex-Ante.
“El caso está siendo investigado por la Fiscalía por eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos”, según la información policial y fiscal citada en la cronología.
“Los antecedentes publicados por Ex-Ante muestran una secuencia de decisiones judiciales, movimientos de dinero y coincidencias personales que motivaron la apertura de la investigación penal y las formalizaciones”, resume la nota.
