La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco fue detenida la noche del domingo en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa” y enfrenta una formalización por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, informó la Fiscalía.
La audiencia de formalización comenzó el lunes y se reanudó el martes a las 9:00 horas. Según la Fiscalía, “busca que la medida cautelar que reciba Vivanco sea prisión preventiva”.
Las imputaciones se centran en un fallo de la Corte Suprema que benefició al Consorcio Belaz Movitec SpA mientras Vivanco presidía de forma provisoria la Tercera Sala del máximo tribunal. La investigación sostiene que, por intervenir en esos juicios, la exministra habría recibido retribuciones económicas vinculadas al caso.
Vivanco es reconocida por su trayectoria en la judicatura y el mundo académico. Fue ministra de la Corte Suprema, profesora y directora de investigación en la Facultad de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de haber sido decana y vicerrectora académica de Derecho en la Universidad Santo Tomás.
Su recorrido político es breve. Participó en 1992 en Unión de Centro Centro (UCC), partido fundado por el exsenador Francisco Javier Errázuriz, y presidió la colectividad en 1995. También ejerció como vicepresidenta y secretaria general. En 1997 se postuló como candidata a diputada por el distrito 27 —apoyada por Renovación Nacional—, que agrupa a El Bosque, La Cisterna y San Ramón, pero no resultó electa y no volvió a postular a cargos de elección popular.
En 2015 colaboró en el texto impulsado por la UDI titulado “Chile no necesita una nueva Constitución”. En 2018 representó a Chile Vamos en el debate público sobre el aborto por tres causales; en esa oportunidad dijo a CNN Chile que “no debe despenalizarse en cualquier causal”, que “los métodos anticonceptivos operan” y que la normativa “no es una buena ley”.
La causa continúa con la tramitación de la formalización y con la decisión del tribunal sobre la eventual medida cautelar. La investigación fiscal mantiene la prioridad en determinar responsabilidades en torno al fallo que benefició al consorcio involucrado.
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