El Ministerio de Seguridad de Argentina declaró oficialmente como prófugo al chileno Galvarino Apablaza y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (aprox. 13 millones de pesos chilenos) por información que permita su captura, medida que genera atención en el Gobierno y el Congreso chileno sobre el caso.
La orden del día publicada por la cartera argentina “oficializó la recompensa” y establece: “Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio APABLAZA GUERRA, de nacionalidad chilena, nacido el 9 de noviembre de 1950, con ultimo domicilio en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el 31 de marzo de 2026”.
El hecho ocurrió luego de que, el 1 de abril, personal policial argentino se dirigiera al domicilio donde figuraba Apablaza para detenerlo, pero “no lo encontraron”, según informaron los medios.
El abogado del imputado, Rodolfo Yanzón, “confirmó en conversación con radio Infinita que conoce su paradero, pero reafirmó que el prófugo no se entregará a las autoridades”, según la cobertura.
Quién es Apablaza
Galvarino Apablaza, nacido en 1950, fue uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y lideró la organización entre 1988 y 2001. En su trayectoria figura participación en las juventudes comunistas, el exilio en Panamá en 1974 y una estadía en Cuba donde ingresó a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, alcanzando el grado de comandante y el alias de “comandante Salvador”.
En su segundo regreso a Chile, en 1988, asumió el liderazgo del FPMR y es sindicado como autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, delitos por los cuales se persigue su extradición. Posteriormente se radicó en Argentina.
Repercusiones y próximos pasos
La publicación de la recompensa formaliza la orden de captura nacional e internacional y deja en manos de las autoridades argentinas la búsqueda activa del imputado. Además, el caso podría implicar gestiones judiciales y diplomáticas relacionadas con la extradición y, a nivel nacional, mantener la atención de parlamentarios y del Gobierno sobre la materia.
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