La bancada de diputados del Partido Socialista solicitó una reunión con el Presidente José Antonio Kast tras la aprobación en el Senado de un proyecto que busca conmutar penas para adultos mayores de 75 años y enfermos terminales, en una discusión que enfrenta al Congreso, al Gobierno y a la oposición por posibles impactos en derechos humanos y seguridad.
El proyecto fue presentado por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz‑Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (independiente) y Carlos Kuschel (RN) y contó con el respaldo de la oposición en la Cámara Alta.
Desde el Ejecutivo se expresaron reparos. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó que “se liberaría a criminales peligrosos y condenados por crímenes de lesa humanidad, homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
Ante ese escenario, la bancada PS envió una carta al Presidente para solicitar el encuentro. En la misiva los diputados señalaron que la solicitud “se fundamenta en la grave preocupación que nos asiste, compartida por diversos senadores durante el debate, respecto a que este proyecto —en su redacción actual— pueda permitir que condenados por delitos de lesa humanidad y otros crímenes graves se acojan al beneficio de reclusión domiciliaria total”.
El jefe de la bancada socialista, Juan Santana, calificó la situación “de extrema gravedad” y afirmó que “vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, el valor de la defensa por los derechos humanos”. Santana agregó que la reunión busca “conocer cuál es la opinión del Presidente José Antonio Kast respecto a este proyecto y cuál va a ser la urgencia que su futuro gobierno le va a dar a esta iniciativa del senador Chahuán”.
Otros diputados socialistas se plegaron al llamado. Arturo Barrios advirtió que “estamos hablando de personas y responsables de crímenes atroces cometidos durante la dictadura”. Por su parte, Raúl Leiva acusó a la oposición de encubrir una intención más amplia: “si quieren efectivamente indultar a los genocidas, díganlo. Pero aquí lo cubren y en esta manifestación encubierta, lo que hacen es liberar o pretender liberara más de 12.000 criminales y no cualquier criminal”.
En su carta, la bancada PS sostuvo además que la iniciativa “no solo vulnera elementales principios de justicia, sino que también contraviene tratados internacionales suscritos por Chile, como el Estatuto de Roma, y no consideró las observaciones de la Corte Suprema”.
