El Presidente Gabriel Boric rechazó este viernes la decisión de Estados Unidos de negar visados a tres funcionarios chilenos, calificando la medida como “arbitraria, unilateral y sorpresiva” y anunciando gestiones diplomáticas desde la Cancillería. La controversia abre un nuevo foco de tensión en la relación bilateral y pone en debate la soberanía y el trato a representantes del Gobierno.
Según T13, los funcionarios afectados son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya San Martín; y el jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen. Estados Unidos habría alegado que la medida responde a riesgos para “la seguridad regional”.
Desde Rapa Nui, Boric calificó la acción estadounidense y dijo en redes sociales que “el gobierno de Estados Unidos amenaza, hace acusaciones indeterminadas y aplica sanciones unilaterales”. En la misma intervención añadió: “Como Jefe de Estado, descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región”.
El mandatario también afirmó que “Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional” y sostuvo que “no aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley. Nuestra soberanía se respeta”.
Boric informó que el canciller Alberto van Klaveren “citó al embajador de Estados Unidos” y que la Cancillería pidió “explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva”. Además subrayó que, “desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación”.
En su declaración, el Presidente destacó la defensa de intereses nacionales: “Nosotros como Gobierno y espero que todos como país, nos pongamos siempre de lado de la bandera chilena. Pueden tener certeza de que nuestro Gobierno y que el futuro también, siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas, por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país”.
El Ejecutivo anunció la citación diplomática como respuesta inmediata. La Cancillería será la encargada de solicitar las aclaraciones correspondientes al representante estadounidense, mientras el Gobierno mantiene su postura pública de defensa de la soberanía y el marco legal internacional.
