El Presidente Gabriel Boric defendió este martes los indultos otorgados a fines de 2022 a presos vinculados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, en una entrevista en la que reconoció errores en el proceso y apuntó a su equipo de Gobierno y a la cartera de Justicia.
En la conversación con CNN Chile, Boric aseguró: “Es un compromiso que yo tenía y no me arrepiento de los indultos”. Al mismo tiempo admitió problemas en la gestión: “Sí, creo que hubo una desprolijidad inaceptable en el proceso de indultos”, y agregó que “en ese caso había decidido excluirlo y no debió haber entrado”, refiriéndose al indulto de Luis Castillo. El mandatario también explicó que “el indulto es una firma delegada” al ministro de Justicia.
Los indultos, que generaron una de las primeras crisis del Gobierno por incluir a personas con antecedentes previos al 18-O, abarcaron a 12 beneficiados. Entre ellos se cuenta al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por un asalto con disparos contra Carabineros en 2013, y a personas vinculadas a hechos de violencia ocurridos durante las protestas. La nota entregada por Ex-Ante detalla los casos y las recomendaciones de los tribunales de conducta:
- Juan Bastián Olguín Rivera: condenado por el incendio de una caseta de peaje en Curicó; el tribunal de conducta de la cárcel de Molina sugirió no otorgarle el beneficio. Olguín afirmó en una carta que actuó “haciendo valer el divino derecho a la rebelión popular”.
- Francisco Hernández Riquelme: condenado por arrojar artefactos incendiarios en el entorno de Plaza Baquedano; tribunal de Colina I sugirió no conceder el indulto.
- Cristián Cayupán Queupil: condenado por homicidio frustrado de un funcionario de la PDI al ser atropellado mientras huía de un saqueo; tribunal de Colina I sugirió no otorgarle el beneficio.
- Alejandro Carvajal Gutiérrez: condenado por incendio con peligro para la vida de las personas en Plaza Baquedano; tribunal de Colina I se mostró favorable al indulto.
- Matías Rojas Marambio: condenado por elaboración de artefactos incendiarios en Plaza Baquedano; tribunal de Colina I sugirió no conceder el indulto.
- Sebastián Montenegro Coo: condenado por tenencia de arma de fuego y otros delitos; tribunal de Taltal se mostró favorable al beneficio.
- Bastián Campos Gaete: detenido con una molotov y botellas en Antofagasta; tribunal de Taltal sugirió no otorgarle el indulto.
- Jordano Santander Riquelme: condenado por homicidio frustrado a funcionario policial y otros delitos tras un atropello en San Antonio; tribunal de San Antonio sugirió no otorgarle el beneficio.
- Claudio Romero Domínguez: condenado por lanzar molotov en Iquique y pertenecer a un grupo autodenominado; tribunal de Alto Hospicio sugirió no conceder el indulto.
- Felipe Santana Torres: condenado por incendio frustrado de la catedral de Puerto Montt y otros delitos; tribunal de Puerto Montt se mostró desfavorable al indulto.
- Brandon Rojas Cornejo: condenado por lanzar bombas molotov en Iquique y otros ilícitos; tribunal de Alto Hospicio sugirió no otorgarle el beneficio.
El caso de Luis Castillo —indultado por ataques a la oficina del Registro Civil de Copiapó y otros hechos— fue uno de los detonantes de la polémica. Según la información disponible, Castillo tenía cinco condenas previas al 18-O y, tras recibir el indulto, fue detenido nuevamente y actualmente cumple una condena de cuatro años por un robo frustrado perpetrado en Copiapó en 2023, que incluyó intimidación, violencia y manejo bajo la influencia de estupefacientes.
En medio del escándalo por esos indultos, la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía, “asumieron la responsabilidad política que les correspondía”, según la versión oficial, y abandonaron sus cargos en ese contexto.
La defensa pública de Boric sobre los perdones y el reconocimiento de fallas en el procedimiento reavivan el debate sobre el manejo de medidas de clemencia en la Presidencia y su impacto político. La controversia seguirá siendo observada en la agenda pública y en el Congreso, donde las decisiones de justicia y los controles políticos mantienen alta atención ciudadana.
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