El Presidente Gabriel Boric aseguró que no se arrepiente de los indultos concedidos a detenidos del Estallido Social, aunque reconoció que en el proceso hubo “una desprolijidad inaceptable” y criticó la inclusión de personas que, dijo, no debieron estar beneficiadas.
En una entrevista en Tolerancia Cero de CNN, Boric afirmó que “era un compromiso que yo tenía y no me arrepiento” respecto a la decisión de otorgar indultos desde el Gobierno. Sin embargo, dijo que en el caso de Luis Castillo existieron errores en la tramitación: “sí creo que hubo una desprolijidad inaceptable en el proceso de indultos donde se incluyó una persona que no debió estar incluida, que es el caso de Luis Castillo y por eso asumieron la responsabilidad política que les correspondían esas personas”, declaró el mandatario.
Boric añadió que “el problema de los antecedentes penales previos es que, los nombres que yo autoricé, no tenían… Luis Castillo no estaba dentro de las personas que yo autoricé indultar” y explicó que, pese a mantener la medida general, en el caso de Castillo “decidí excluirlo. Ahora está preso…”.
Luis Castillo fue uno de los doce indultados por el Presidente que habían sido condenados por delitos cometidos en el marco del Estallido Social. Tras su salida de la cárcel, Castillo grabó un video en el que llamó a mantener las protestas: “Hago ese llamado, a que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen porque donde exista miseria habrá rebelión”, afirmó.
Sobre su historial, Castillo fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Copiapó por desórdenes, daños, maltrato de obra a Carabineros y robo, hechos vinculados a las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019. Fue condenado a cuatro años de cárcel por siete delitos en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. También registra 26 causas judiciales previas y, entre 2005 y 2017, fue condenado en cinco oportunidades por delitos como hurto, lesiones menos graves y robos, con una pena mayor anterior de 10 años de prisión.
Durante su internamiento, Gendarmería negó una solicitud de traslado de La Serena a Copiapó citando un intento de fuga de Castillo en 2006. Además, fue sancionado en varias ocasiones por el hallazgo de estoques y teléfonos con acceso a internet en su celda.
El episodio reabrió el debate sobre los criterios y controles en la tramitación de indultos del Ejecutivo y sobre la responsabilidad política de quienes participaron en el proceso. El caso seguirá en la agenda pública y en la discusión política sobre cómo se aplican estas medidas y qué mecanismos de verificación deben establecerse para futuros indultos.
Sigue nuestra cobertura política en portalnacional.cl.
