El Gobierno incluyó en un protocolo de reajuste una serie de normas para regular la contratación y cese de los asesores de gabinete, una medida que plantea límites al próximo Ejecutivo y que ya genera críticas en la oposición y en sectores del oficialismo.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, “firmó el protocolo de acuerdo con la mesa del sector público para fijar el reajuste de los funcionarios en un 3,4%”. En ese documento, el punto 15 —desarrollado en un anexo bajo la rúbrica “norma personal de gabinete”— propone reglas detalladas sobre nombramiento, cese, remuneraciones, límites de dotación e inhabilidades para quienes asesoran directamente a autoridades.
El protocolo establece que “el personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, SEREMI y jefes superiores de servicios designados por el Presidente podrá ser contratado a honorarios y, cuando corresponda, a contrata, pudiendo esta última disponerse sin proceso de reclutamiento y selección”.
Sobre la duración y remoción de esos cargos, el acuerdo dice que “la autoridad a la que se asesora podrá nombrar y remover a este personal con independencia de toda otra autoridad, y su nombramiento se extenderá hasta el cese de la jefatura respectiva”.
En cuanto a la estructura y límites presupuestarios, el texto precisa que “a contar de la Ley de Presupuestos del año 2027, dicha normativa fijará anualmente la dotación máxima por ministerio y servicio afecto al régimen de gabinete” y que dichos asesores “no podrá exceder del 1% de la suma de dotaciones máximas autorizadas en la Ley de Presupuestos”.
El protocolo también regula remuneraciones e inhabilidades. Respecto a su pago, señala que “la remuneración bruta mensualizada que perciban los funcionarios que presten esta asesoría, no podrá ser superior a los honorarios máximos establecidos”. Sobre restricciones posteriores al cargo, indica que “el personal de gabinete quedará inhabilitado, desde que presta asesoría directa y hasta por el plazo de seis meses contado desde el cese de sus funciones, para participar en concursos o en procesos de reclutamiento y selección destinados a proveer cargos en el mismo órgano”.
La iniciativa incorpora además obligaciones de transparencia: “A más tardar en el mes de febrero de 2026 las autoridades superiores y jefes de servicios, mediante acto administrativo deberán individualizar al personal contratado a partir del 11 de marzo de 2022 que se encuentre prestando asesoría directa en el gabinete”, y exige que “a más tardar, el 27 de febrero de 2026, las autoridades deberán informar a la Dirección de Presupuestos, la nómina de los funcionarios contratados a contrata o en base a honorarios para prestar asesoría directa en sus gabinetes”, con datos actualizados al 31 de enero de 2025.
La propuesta ha provocado rechazo. “La reforma al estatuto administrativo debe hacerse mediante una discusión en su mérito y no a través de una ley miscelánea a menos de 3 meses que termine el gobierno”, advirtieron parlamentarios del socialismo democrático, que anticipan que rechazarán esa parte del proyecto.
Respecto a consultas periodísticas sobre estas normas, desde la Coordinación de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda indicaron que “no responderán preguntas al respecto”.
La medida busca ordenar un área que varios actores reconocen como “gris” en la administración pública, al introducir límites en modalidades de contratación, número de asesores y montos de remuneración. Sin embargo, su aparición en un protocolo firmado por Hacienda —y a pocos meses del cambio de mando— alimenta la percepción de que pretende condicionar al gobierno entrante.
