En marzo, ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric defendió la intención del Gobierno de comprar la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en un museo y afirmó que nunca fue informado sobre la inhabilidad constitucional que impedía la negociación.
El mandatario declaró ante el fiscal Patricio Cooper que la iniciativa respondía a criterios de preservación patrimonial. “Durante 2022 y 2023 comencé a madurar la idea y convencerme de que las casas del expresidente Allende y del expresidente Aylwin son un patrimonio que debía ser preservado. Mantengo esa convicción hasta el día de hoy”, dijo Boric.
Boric sostuvo además que no participó en las tasaciones ni en la negociación económica del inmueble. “Nunca tuve conocimiento de las tasaciones de las casas, y quiero ser claro: jamás hablé con nadie de precios ni de valores”, afirmó ante la Fiscalía.
El Gobierno anunció en diciembre de 2024 la compra de las residencias de Allende y de Patricio Aylwin por un total que incluía $993 millones por la casa de Allende. Esa operación fue ampliamente cuestionada y finalmente fue cancelada después de que el proceso fuera declarado inconstitucional, dado que la normativa prohíbe que autoridades celebren contratos con el Estado.
Como consecuencia de la resolución, el caso derivó en sanciones políticas y renuncias: “el Tribunal Constitucional destituyó a la hija del presidente, la entonces senadora Isabel Allende, y su nieta, Maya Fernández, renunció a su cargo como ministra de Defensa”, recoge la documentación del caso.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra Boric por la negociación fallida, y la Fiscalía investiga presuntos delitos vinculados a la operación. Según el informe, la indagación apunta a eventual “fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible”, y permanece en curso ante la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Respecto a advertencias internas, la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval —quien renunció tras la controversia— señaló que había advertido a Presidencia sobre la posible inconstitucionalidad por la condición de las vendedoras como autoridades. En ese contexto, Boric afirmó que no recibió esa advertencia: “Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello”, declaró ante Cooper.
El presidente también explicó que fue informado formalmente de la inhabilidad el 2 de enero de 2025, mientras se encontraba en la Antártica, y que tras recibir el aviso ordenó detener la gestión. “Carlos Durán, mi jefe de gabinete, me informó de esta inhabilidad, por lo que ordené se detuviera este proceso. En ese momento estaba con la ministra Fernández como parte de la comitiva”, relató.
Sobre las conversaciones con la familia de Allende, Boric sostuvo que hubo diálogos sobre la conservación patrimonial, pero que no se habló de la compra ni hubo presiones. “Puedo señalar que durante 2022 y 2023, con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del presidente Allende. Nunca conversamos de la adquisición, y ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”, afirmó.
