Un acuerdo para instalar un cable submarino con una empresa china desató una crisis diplomática entre Chile y Estados Unidos, luego que Washington calificara el proyecto como un riesgo a la seguridad regional y revocara visas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Transportes.
Estados Unidos acusó a los representantes chilenos de “intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, mientras que desde el Ejecutivo sostuvieron que “la soberanía de nuestro país” avala la toma de decisiones sobre infraestructura.
Cronología clave del caso
– 26 de noviembre de 2025: la compañía china Mobile International ingresa la solicitud de concesión para un servicio de telecomunicaciones en Chile.
– 27 de enero de 2026: el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firma el decreto de concesión del cable submarino.
– Ese mismo 27 de enero: Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), recibe información de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Chile sobre problemas de seguridad informática vinculados al proyecto; la información fue trasladada al ministro Muñoz.
– La noche del 27 de enero: Muñoz informa al Presidente Gabriel Boric sobre la firma de la concesión y la alerta estadounidense.
– 29 de enero: se anula la firma electrónica de la concesión.
– 29 de enero: China autoriza el inicio de las obras para comenzar el cableado en la costa china.
– 2 de febrero: Muñoz se reúne con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; según la cronología, el diplomático advierte sobre posibles sanciones si el proyecto seguía su curso y “el secretario de Estado chileno no le habría informado en ese momento que se había anulado la concesión”.
– 20 de febrero: el asunto se hace público cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia sanciones y restringe visas de tres funcionarios chilenos, incluida la del ministro Muñoz.
La divulgación de esta secuencia de hechos ha reabierto el debate sobre los controles y los procedimientos administrativos relacionados con concesiones de telecomunicaciones, así como sobre las implicancias diplomáticas de acuerdos internacionales que involucran infraestructura crítica.
Próximos pasos
Se esperan nuevas declaraciones oficiales y la continuidad del debate político y diplomático en el país. La evolución del caso tendrá impacto en la relación bilateral con Estados Unidos y en la discusión pública sobre soberanía y seguridad tecnológica.
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