El diputado Miguel Ángel Calisto rechazó de plano las imputaciones sobre un eventual desvío de fondos públicos y explicó el rol de una vecina que trabajó como su asesora, en medio de una investigación que lo llevó a ser desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Calisto, en conversación con 24 Horas, se refirió a la investigación fiscal que indaga supuestas irregularidades en asesorías parlamentarias y la compra de una parcela a través de un tercero. La causa motivó que la Corte de Apelaciones de Coyhaique decretara su desafuero.
“Creo que cuando se hacen imputaciones en materias de asesorías parlamentarias, hay que contextualizar que en este caso particularmente se trata de una denuncia anónima, de hace cinco años”, dijo el diputado Miguel Ángel Calisto, al comentar el origen de las acusaciones.
Sobre la asesora, identificada en la investigación como Carla Graf, Calisto confirmó que “ya no trabaja” con ella y defendió la documentación presentada: “La asesora presentó todos los informes al Consejo de Asignaciones. Así, no lo hizo la fiscalía, tuve que ir yo y solicitar un documento formal ante el Consejo de Asignaciones”.
El parlamentario añadió que, al revisar los antecedentes, comprobó que “todos los informes fueron revisados, visados y auditados. Así lo establece un documento formal del Consejo de Asignaciones”.
Respecto al monto cuestionado —informaciones periodísticas señalaron que Graf habría recibido hasta 103 millones de pesos en sueldos— Calisto dijo que la acusación suma periodos de pago: “Ellos dicen, como no trabajó, el fraude es de 100 millones. Les suman todos los sueldos, todas las asignaciones”, las cuales, según el diputado, se extendieron “durante casi cuatro años”.
Calisto también negó categóricamente el fraude al Fisco: “Descartó ‘absolutamente’ que eso se haya producido”, aseguró el congresista. Agregó que los montos y remuneraciones están regulados y que “hoy día, ningún asesor parlamentario podría ganar 10 millones al mes”.
Sobre la adquisición del terreno, Calisto explicó que la operación involucró a vecinos: “Nosotros somos vecinos. Vivimos relativamente cerca. Había una parcela cerca, entre los dos sitios, dijimos: ‘hagamos un proyecto'”.
El diputado señaló además que la publicación de la investigación le causó impacto: “Aparece la noticia. Yo mismo me impacté cuando apareció en la prensa. Todo el mundo asume cuando a un parlamentario le hacen el desafuero, es prácticamente una sentencia”, sostuvo.
La investigación continúa en manos de la Fiscalía, que había solicitado el desafuero, y la causa sigue bajo investigación tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La indagatoria pesa sobre posibles irregularidades en asesorías parlamentarias y la compra de una parcela a través de un tercero, asuntos que podrían derivar en nuevas diligencias judiciales.
Sigue la cobertura política en portalnacional.cl.
