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Cámara aprueba acusación constitucional a Pardow y va al Senado

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La Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de una acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, por un error de cálculo relacionado con alzas en las cuentas de la luz y un cobro adicional vinculado a la sobreestimación de la empresa Transelec. La iniciativa ahora deberá ser votada en el Senado.

La comisión revisora que analizó el libelo aprobó su informe el martes y el texto fue leído en la sala durante la mañana del miércoles, donde fue sometido a votación. Según el registro parlamentario, la moción obtuvo 80 votos a favor.

Los parlamentarios que formalizarán el envío de la acusación al Senado son Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN).

En la sesión estuvieron presentes los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Macarena Lobos, Nicolás Grau y Adriana Delpiano, quienes asistieron al debate y la votación en la Cámara.

La acusación plantea que un error metodológico en la Comisión Nacional de Energía (CNE) provocó un incremento en las tarifas eléctricas y un cobro adicional por una sobreestimación atribuida a Transelec.

En la defensa de Pardow, su abogado Francisco Cox sostuvo que algunos puntos del libelo son inexactos. Cox afirmó que “son falsos” los hechos planteados en el primer capítulo de la acusación y añadió que “el alza de los precios no corresponde al error metodológico en su mayor magnitud, solo en un 2%”. Además, recordó que “el legislador el año 2009 dispuso que la Comisión Nacional de Energía (donde se produjo el error) sería una persona jurídica, de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones” y que “el Ministerio no le puede dar instrucciones a la CNE”.

Con la admisibilidad aprobada en la Cámara, el siguiente paso es la tramitación y votación en el Senado, instancia que definirá si procede o no la acusación constitucional contra el exministro. La resolución tendrá impacto en la fiscalización de la gestión del sector energético y en la rendición de cuentas sobre variaciones en el valor de las tarifas eléctricas.

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