El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves un cambio de gabinete tras las renuncias de los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Esteban Valenzuela (Agricultura), que incluye el traslado de Nicolás Grau a Hacienda y la incorporación de Álvaro García e Ignacia Fernández al gobierno. El movimiento reordena las carteras de Hacienda, Economía y Agricultura y reactiva el debate político entre la oposición y la coalición.
Las salidas ocurrieron en días consecutivos: Esteban Valenzuela dejó el Ministerio de Agricultura después de que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), decidiera competir en una lista separada junto a Acción Humanista. Valenzuela desdramatizó su renuncia: “Es normal de algo coalicional”, dijo, según consignó La Moneda.
En el caso de Mario Marcel, el Presidente Boric comunicó que su salida responde a motivos personales, por lo que se hizo necesario un nuevo arreglo ministerial. El ajuste implicó un enroque: Nicolás Grau, hasta ahora ministro de Economía, asumió la cartera de Hacienda como sucesor de Marcel.
En Economía, Álvaro García fue designado para reemplazar a Grau. El nuevo ministro es militante del PPD y fue secretario de Estado en administraciones anteriores, según el comunicado oficial. En Agricultura, la reconfiguración también incluyó movimientos: la nota oficial señala la salida de Valenzuela y menciona a la exsubsecretaria Ignacia Fernández, quien había abandonado el gobierno para integrarse al comando de Carolina Tohá.
La oposición manifestó cuestionamientos ante el nombramiento de Grau en Hacienda, según fuentes citadas por el gobierno. Además, el diputado y dirigente regionalista habló de presiones internas en torno a la salida de Valenzuela: “Aparentemente hubo presiones”, afirmó Jorge Mulet, según la cobertura parlamentaria.
El cambio de gabinete busca relevar las carteras clave de Hacienda y Economía en un momento de atención pública sobre la gestión económica. Queda pendiente la formalización de los nuevos nombramientos por parte de La Moneda y la toma de posesión de las autoridades, así como la evaluación política de la medida en el Congreso y dentro de las colectividades.
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