El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la competencia del caso ProCultura y la investigación se trasladará desde Antofagasta a la Región Metropolitana, a petición de la defensa del gobernador Claudio Orrego, informó el tribunal este 9 de octubre de 2025. La decisión abre el camino para que la Corte de Apelaciones de Santiago conozca el eventual desafuero de la autoridad regional.
La resolución firmada por la jueza Marcia Figueroa señala: “con el mérito de los argumentos expuestos en la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta en audiencia de fecha 30 de septiembre de 2025 y atendido lo dispuesto en los artículos 157 del Código Orgánico de Tribunales, se acepta la competencia declinada por dicho Tribunal, al tener los hechos denunciados su principio de ejecución en la comuna de Santiago”.
El traslado se produce luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara inadmisible la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba impedir que la causa saliera de esa jurisdicción.
Orrego está bajo investigación y arriesga ser desaforado en el marco indagatorio sobre el programa de prevención del suicidio “Quédate”, por el cual se aprobaron “más de $1.600 millones por asignación directa”, según consta en la causa. La defensa del gobernador solicitó el cambio de competencia hacia Santiago alegando, entre otros puntos, el lugar de ejecución de los hechos.
El propio Claudio Orrego ha reiterado su inocencia y atribuyó la situación a irregularidades de terceros. En mayo afirmó: “Aquí habían cinco fundaciones expertas en suicidio. Aquí había un consejo regional que tenía 34 miembros de todos los colores políticos. Y además había Contraloría, Dipres y Subdere. O sea, él hizo un engaño muy brutal”, en alusión a ProCultura y a Alberto Larraín.
El paso siguiente es que la Corte de Apelaciones de Santiago analice la causa y resuelva sobre el desafuero del gobernador, trámite que definirá si la investigación continúa con la autoridad en ejercicio. Para la ciudadanía, la decisión implica que el caso será conocido en la capital, donde se concentrará la tramitación judicial y las resoluciones sobre responsabilidad en el uso de fondos públicos.
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