La Fiscalía atribuye a Miguel Crispi un papel clave en el traspaso de $1.683.788.000 desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura en 2022, operación que está en el centro de la investigación por fraude al fisco y que ya motivó detenciones y solicitudes de prisión preventiva en la causa conocida como caso ProCultura.
La fiscalía sostiene que el giro a ProCultura para el programa “Quédate” se realizó sin licitación y en una sola cuota, y que parte importante de esos recursos quedó sin ejecutar para los fines del convenio.
Según la minuta de formalización de la Fiscalía, el 7 de julio de 2022 el gobernador Claudio Orrego envió un oficio a Miguel Crispi. “El día 7 de julio de 2022, el gobernador Claudio Orrego Larraín emitió el Oficio N.º 1751 dirigido a Miguel Crispi Serrano, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitando la identificación presupuestaria de múltiples programas, entre ellos, el de Prevención del Suicidio, bajo el Subtítulo 33”, dice el documento. La Fiscalía añade que el 11 de julio de 2022 la SUBDERE emitió la “Resolución Nº 52, modificando el presupuesto vigente del GOREM para incorporar la asignación correspondiente al programa”.
El informe apunta además que el Consejo Regional Metropolitano había aprobado el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo el 8 de junio de 2022 y que, veintiún días después, se autorizó el traspaso por $1.683.788.000 a ProCultura para el programa “Quédate”.
A raíz de la investigación, la fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenaron la detención de dirigentes de ProCultura y de funcionarios relacionados. Fueron detenidos, entre otros, el siquiatra y cofundador Alberto Larraín; la representante legal Constanza Gómez; la jefa de estudios Teresa Abusleme; y Evelyn Magdaleno, contraparte en el Gobierno Regional Metropolitano. Para ellos se solicitó prisión preventiva en una audiencia que se extendió durante el fin de semana y continuó el lunes. Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien trabajó para el Gore a cargo de la fundación, quedó con arresto domiciliario total.
La Fiscalía también señala que quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 que ProCultura habría destinado a fines distintos a los convenidos, entre ellos pago de sueldos vinculados a otros proyectos.
Crispi ha declarado en calidad de imputado en esta arista del caso Convenios. En su testimonio del 20 de noviembre de 2024 negó responsabilidad directa en la decisión: “Respecto a la modificación presupuestaria de los gobiernos regionales, yo no tuve injerencia directa respecto al fondo de la decisión en esto cuando fui Subdere”, dijo Crispi, y agregó que las reasignaciones “siempre es a petición -en el caso de la Subdere- de los gobiernos regionales y municipalidades”. En la misma línea afirmó que la aprobación corresponde a la Dipres: “independiente del título de los documentos consultados, lo que se solicita en éstos es una reasignación de recursos, la cual es aprobada por la Dipres”.
Crispi también declaró en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el 6 de enero de 2025, donde sostuvo sobre su relación con Larraín: “lo conocía, sí. No tengo una relación de amistad ni personal ni política con él. Lo conozco como lo conocen muchas personas”.
La investigación del caso Convenios incluye otras aristas y a más autoridades. La fiscalía ha mencionado al gobernador Orrego en relación con el traspaso a la fundación; en su contra pesa una acusación por abuso de funciones y está pendiente que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la solicitud de desafuero que permitiría avanzar con medidas cautelares en una formalización.
