A través de una querella de ocho páginas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acción judicial contra el director de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y la representante legal, María Constanza Gómez, por el presunto desvío de fondos fiscales vinculados al proyecto “Quédate”, financiado por la Gobernación Metropolitana, informó el organismo.
En el documento, el CDE afirma que “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, representantes legales de la Fundación Procultura, recibieron en administración dineros de origen fiscal para el desarrollo del proyecto ‘Quédate’, los cuales, sin embargo, fueron desviados de su finalidad. Esta conducta impidió la correcta ejecución del proyecto y, una vez finalizado el convenio, generó el incumplimiento de la obligación de restitución del dinero, provocando un perjuicio patrimonial al Estado de Chile ascendente a $1.015.283.548”, señala la querella.
El texto agrega detalles sobre el convenio: “El convenio firmado con la Gobernación Metropolitana, liderada por Claudio Orrego, se formalizó a través de la Resolución N° 70, de fecha 26 de septiembre de 2022, en la cual, y mediante asignación directa, se le entregó a la Fundación Procultura, el monto de $1.683.788.000 para desarrollar un proyecto para la prevención del suicidio”, indica la acción judicial.
Sobre el uso de los recursos, el CDE sostiene que “la suma de dinero recientemente señalada tenía un destino y uso exclusivo, el cual consistía en solventar gastos para el desarrollo del proyecto (…). lo que involucraba a su vez el pago a las demás fundaciones intervinientes para sus actividades relacionadas al proyecto (…)”, según la querella.
El organismo estatal imputa a Larraín y a Gómez “delitos de apropiación indebida, a pesar de dejar la puerta abierta para incluir otros delitos”, precisa el texto. En paralelo, la querella subraya que la Fundación Procultura comenzó a utilizar los fondos “un uso distinto del previsto” el mismo día en que se recibió la transferencia, el 9 de noviembre de 2022.
“Cabe recordar que el CDE no se querelló contra el actual Gobernador Claudio Orrego en este caso, centrando su acción en los máximos responsables de la fundación Procultura”, añade el escrito.
La presentación del CDE constituye un nuevo capítulo del llamado caso Fundaciones. La querella ahora inicia su trámite judicial y podrá derivar en indagaciones y etapas procesales que definan responsabilidades penales y posibles restituciones.
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