El exjefe de gabinete de la senadora Isabel Allende, Claudio Hurtado, contactó por WhatsApp a funcionarios de la Contraloría para acelerar la toma de razón del decreto que autorizaba la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia, según consta en conversaciones y declaraciones judiciales citadas por la Fiscalía.
El 10 de marzo, el fiscal adjunto de La Serena, Eduardo Yáñez, tomó declaración a Alejandro Riquelme —entonces jefe de gabinete de la contralora Dorothy Pérez y hoy jefe de la División de Función Pública de la Contraloría— en el marco de la investigación por la operación. Riquelme relató que desde el 17 de diciembre comenzó a recibir mensajes de Claudio Hurtado. Según su testimonio, Hurtado le escribió: “Es prioritario lo que habíamos conversado”.
Riquelme detalló que el 19 de diciembre Hurtado insistió para conversar y que, tras una llamada, “Claudio Hurtado me solicita tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra, a lo que yo le respondo de manera protocolar que haremos lo posible”, dijo ante el fiscal. En otro mensaje del 23 de diciembre, Hurtado consultó por el estado del trámite y Riquelme respondió: “Se tomó razón el viernes que pasó. Hoy se notificó temprano a bienes nacionales”.
Los contactos se produjeron mientras la Contraloría revisaba la legalidad del decreto. El expediente llegó el 19 de diciembre al subcontralor Víctor Merino, quien subrogaba a la contralora Pérez, y fue visado el 20 de diciembre, para ser remitido tres días después al Ministerio de Bienes Nacionales.
Consultado por la Fiscalía, Víctor Merino explicó que, pese a que el decreto incluía entre los propietarios a la exministra Maya Fernández y a la senadora Allende —lo que, según la investigación, planteaba un problema de constitucionalidad—, su análisis concluyó que “no era el momento jurídico de referirse a tal aspecto”. Según el reporteo, esa explicación “no convenció a muchos abogados respecto a por qué Contraloría visó el decreto”.
El 4 de abril, un día después de la destitución de la senadora por el Tribunal Constitucional, la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana tomó declaración a Claudio Hurtado. Hurtado afirmó: “No tuve ninguna participación en el proceso”. Tras ser mostrado el intercambio de mensajes, reconoció: “Reconozco que estas conversaciones las mantuve con Alejandro”. Sobre el contenido de la llamada, dijo que pudo deberse “a que haya consultado por temas relativos a una consulta realizada por el Minvu respecto de la modificación del plan regulador de la comuna de El Quisco o en su defecto, preguntar sobre el estado de tramitación del decreto relacionado con la adquisición del bien raíz del expresidente Allende, el cual estaba en la Contraloría para la toma de razón”.
Hurtado añadió que “dicha consulta fue por iniciativa propia, nadie me lo pidió, y era un asunto que estaba presente dentro de la oficina parlamentaria de la senadora Allende”. Además negó conocer al abogado Felipe Vio y aseguró que “no tomé contacto de ninguna forma con ninguno de los organismos involucrados en el proceso de compra de la casa en cuestión. Ni con los Ministerios de Bienes Nacionales, Patrimonio, Cultura y las Artes, ni tampoco con Presidencia”.
Según registros de Transparencia de la Cámara Alta citados en las diligencias, Hurtado se desempeñaba como coordinador territorial de la senadora Allende y percibía un sueldo de $3.708.041.
La investigación fiscal por la fallida compraventa de la casa en Guardia Vieja sigue en curso, con diligencias que ya incluyen declaraciones y la revisión de mensajes de WhatsApp. Se esperan nuevas pericias y testimonios para esclarecer la posible influencia de asesores parlamentarios en la tramitación administrativa del decreto.
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