La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga a la senadora Camila Flores (RN) por un presunto mecanismo, que se habría mantenido entre 2018 y 2025, para apropiarse de parte de los sueldos de sus asesores, según una denuncia anónima y mensajes de WhatsApp que forman parte del expediente.
El investigación, a la que accedió Reportajes T13, sostiene que la práctica consistía en exigir a trabajadores contratados con cargo a asignaciones parlamentarias la entrega de parte de sus remuneraciones en efectivo. “Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”, señala la denuncia citada por el fiscal.
Según el expediente, la coordinación de las entregas habría sido realizada por la secretaria de Flores, Yolanda Olfos. “Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”, apunta el documento.
Los antecedentes que maneja el Ministerio Público incluyen una serie de conversaciones de WhatsApp. En uno de los diálogos, atribuido a un testigo reservado, se lee: “Tengo ya retirado el dinero en efectivo”. En otro intercambio, la secretaria pregunta: “¿Cuánto saca líquido?”, y el colaborador responde: “En febrero $1.550.851”. A continuación, según el chat reproducido en el expediente, Yolanda Olfos indica: “(La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”.
La denuncia estima que la operación se extendió hasta 2025 y calcula un monto defraudado cercano a los $300 millones. Además, incorpora casos concretos, como el del trabajador Julio Alejandro Lillo: “El trabajador Julio Alejandro Lillo, contratado por un monto mensual de $2.640.939, entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”, refiere el documento.
Fuentes consultadas por Reportajes T13 indican que todos estos antecedentes —mensajes, testimonios y registros de pagos— ya están en manos del ente persecutor. Sobre el material recopilado, el expediente señala que dichos elementos “deberán ser analizados por el Ministerio Público para determinar si configuran o no conductas delictuales”.
Por ahora no hay resolución pública sobre eventuales imputaciones ni medidas decretadas por la Fiscalía. La indagatoria dirigida desde Valparaíso definirá los pasos procesales siguientes y si se formalizan cargos. El caso tiene implicancias para la fiscalización del uso de recursos públicos en el Congreso y plantea cuestionamientos sobre controles internos en equipos parlamentarios.
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