La Fiscalía abrió una investigación contra cinco parlamentarios vinculados a la llamada “trama bielorrusa”, arista del caso Hermosilla, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y al consorcio Belaz-Movitec. La diligencia la lidera la Fiscalía Regional de Aysén, a cargo del fiscal Hernán Libedinsky, por instrucción del fiscal nacional Ángel Valencia.
El fiscal nacional Ángel Valencia “instruyó que se llevara a cabo la indagatoria”, según informó la Fiscalía, tras la aparición de nombres de parlamentarios en las escuchas telefónicas del caso.
Los cinco parlamentarios mencionados son:
- Paulina Vodanovic (PS). La senadora y presidenta del Partido Socialista aparece en interceptaciones telefónicas entre un operador judicial y uno de los imputados. Vodanovic rechazó las insinuaciones y afirmó que no tolerará cuestionamientos a su trayectoria: “rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas”, dijo la legisladora.
- Cristián Araya (Partido Republicano). Según las escuchas, el exconservador Sergio Yáber habría entregado a Araya $1,7 millones en un intento de obtener apoyo para evitar la acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa. Araya negó los hechos: “nunca recibí un peso del señor Yáber ni del señor (Víctor) Valech y no me puedo hacer cargo de lo que puedan decir terceras persona”, afirmó. Agregó que “estas personas tampoco me solicitaron que hiciera una gestión a favor del señor Ulloa”.
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Matías Walker (Demócratas). El senador figura en la trama por una transferencia bancaria de $1,6 millones atribuida a Yáber, destinada según las pesquisas a financiar una pasantía al extranjero de su hijo. Walker señaló que mantiene amistad con Yáber y descartó que ello haya representado “influencia”. Además explicó que Yáber lo ayudó “con apoyo emocional y también con apoyo económico para enfrentar las consecuencias de lo que significan los costos de haber enfrentado una enfermedad catastrófica” de su hijo.
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Loreto Carvajal (PPD). Según declaró ante la Fiscalía el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, representante del consorcio Belaz-Movitec, “la senadora Carvajal habría recibido $300 millones” para gestionar el nombramiento del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, en el marco de los pagos que se investigan por presuntas coimas relacionadas con fallos de la exministra Vivanco.
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Sergio Gahona (UDI). La investigación señaló vínculos laborales y pagos: se consignó que la hija de Gahona fue contratada por Yáber entre 2022 y 2023 y luego ocupó un cargo como notaria interina en San Miguel; además se registró un arriendo de un inmueble de Yáber a Gahona en Coquimbo y el pago de $4 millones al parlamentario en 2023.
La causa deriva del caso Hermosilla y de las pesquisas sobre Belaz-Movitec, que incluye imputaciones por lavado de activos y pagos irregulares para influir en decisiones judiciales. La Fiscalía de Aysén, dirigida por Hernán Libedinsky, deberá ahora formalizar diligencias, citar a testigos y analizar el material recolectado en las escuchas y declaraciones.
