Codelco presentó una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, por su presunta participación en el denominado “caso muñeca bielorrusa” que involucra al consorcio Belaz Movitec, informó la empresa estatal.
La acción judicial, dijo Codelco, apunta a que “la querella criminal acusa a Vivanco y Migueles en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos”.
Además de Vivanco y Migueles, la querella incluye a “los abogados Carlos Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos”, y a tres personas vinculadas a registros y operaciones financieras: “al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; al conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee; y al dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa”, según el escrito presentado por la cuprífera.
Codelco aseguró que “la acción judicial se basa en los antecedentes expuesto por el Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y de Gonzalo Migueles Oteiza”. La estatal sostuvo que las intervenciones descritas por el Ministerio Público “coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023” que culminaron en sentencias que obligaron a la empresa a pagar más de $17 mil millones a favor del consorcio.
La querella califica además como un “patrón de comportamiento” las supuestas intervenciones de la exministra Vivanco, que habrían tenido por objeto “acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM”, según el documento presentado por Codelco.
Antecedentes del caso indican que en 2023 Vivanco, en calidad de presidenta subrogante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, revisó un recurso por incumplimiento de contrato entre Belaz-Movitec SpA y Codelco. Mientras la Corte de Apelaciones de Copiapó había resuelto que la compañía bielorrusa debía pagar 20 millones de dólares a Codelco, la Tercera Sala —encabezada por Vivanco— determinó lo contrario y falló a favor de Belaz-Movitec, obligando a la cuprífera a desembolsar esa suma.
Sobre la investigación penal, desde la Fiscalía se señaló que las actuaciones recopiladas “podrían constituir delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho”, motivo por el cual el organismo ha formalizado a algunos de los involucrados y continúa recabando antecedentes.
La presentación de la querella por parte de Codelco abre una nueva etapa judicial en el caso: corresponderá ahora al Ministerio Público y a los tribunales analizar las imputaciones, practicar diligencias y resolver sobre eventuales formalizaciones y sanciones. La causa mantiene relevancia para la gestión pública y para la confianza en el sistema judicial y empresarial.
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