La comisión revisora de la Cámara aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, por los cobros extras en las cuentas de la luz y un eventual conflicto de interés relacionado con la empresa Transelec. El libelo pasará ahora a votación en la Sala de la Cámara de Diputados.
La aprobación se decidió con tres votos a favor —del presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), y de los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN)— y un voto en contra, de Ericka Ñanco (FA). La diputada Carmen Hertz (PC) no asistió a la sesión por encontrarse con licencia.
El libelo acusa a Pardow por “cobros extras en las cuentas de la luz tanto a raíz de un error de cálculo como de una sobreestimación de la empresa Transelec sobre su capital”, además de un “eventual conflicto de interés” que vincula a su pareja, socia de una firma que representó a Transelec en un juicio.
El exministro concurrió a la comisión para responder a las preguntas de los parlamentarios. Tras conocerse la votación, Pardow sostuvo que “esto es trabajo, no hay que considerarlo algo distinto a lo que corresponde. He tratado de dar explicaciones a cada una de las observaciones que, en particular, el diputado Mulet también hizo. Si a él no le pareció suficiente, tiene el derecho de votar como corresponda”.
En la sesión también afirmó que “nuestra convicción es que esto se basa en antecedentes falsos. Lo que esperaría o le pediría a los parlamentarios que evalúan esta acusación es que revisen los antecedentes”.
Sobre el efecto que tendría una eventual sanción, que implica una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, Pardow señaló: “mi vocación siempre es la vocación de una persona académica, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2008 y quedar obviamente inhabilitado de aquello es algo doloroso, y no tengo ningún problema con admitirlo”.
La acusación constitucional será votada en la Sala de la Cámara de Diputados el miércoles 19 de noviembre a partir de las 10:00 horas. Si la mayoría aprueba el libelo, este deberá ser tramitado y votado en el Senado. Para los ciudadanos, la decisión tiene impacto directo en la fiscalización del sector energético y en la responsabilidad de las autoridades frente a cobros en las cuentas de la luz.
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