La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las modificaciones del Senado y despachó a ley el proyecto de seguridad municipal, luego de que una primera sesión fracasara por falta de quórum, informó el registro de la Sala.
En la mañana la sesión no pudo concretarse porque, “de 150 diputados, sólo llegaron 48”, según el registro de asistencia de la Cámara, por lo que el debate se reprogramó para la tarde, cuando el pleno retomó la votación y consiguió aprobar las indicaciones pendientes del Senado.
El mismo día se recordó que una situación similar ya había ocurrido en octubre, cuando “más de 100 legisladores no llegaron a trabajar”, consignó el archivo de sesiones. La ausencia reiterada tiene consecuencias administrativas: “por no llegar a la sala, se sanciona con el 2% de la dieta parlamentaria”, según la normativa vigente.
El proyecto de seguridad municipal, cuyo texto fue aprobado por la Cámara, aborda principalmente las incompatibilidades y las inhabilidades de las y los guardias municipales para evitar conflictos de interés. En concreto, el texto establece que “no podrán mantener negocio, empresas u otros, que resulten incompatibles con la fiscalización en la comuna donde ejerza el funcionario”, según el propio proyecto.
Además, la iniciativa incorpora como causales de inhabilidad las “condenas por crimen o simple delito; violencia intrafamiliar (VIF); sanciones disciplinarias por FF.AA.; entre otros”, detalla el texto legal. En materia operativa, el proyecto señala que las y los guardias “cuando cursen infracciones, se encuentren facultadas y facultados para requerir la exhibición de un documento que compruebe la identidad de las personas”.
Sobre el uso de equipamiento, la normativa aprobada indica que dichos elementos serán “permitidos de manera disuasiva o de control público”; el uso de “registro audiovisual corporal será facultativo”. Asimismo, plantea que si el material no fuera proporcionado por la municipalidad correspondiente, estos equipos “podrán ser entregados a través de la respectiva subsecretaría”, según el articulado.
Con el despacho a ley, el país cierra el trámite legislativo en el Congreso respecto a esta materia y cambia la regulación que rige a los guardias municipales. La nueva normativa busca fortalecer los controles sobre posibles conflictos de interés y regular el uso de herramientas de control por parte de los municipios, con efectos directos en la gestión municipal y la fiscalización local.
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