Diputados oficialistas ingresaron el 26 de noviembre de 2025 una reforma constitucional para elevar a rango constitucional la ley de aborto en tres causales y consagrar el derecho a la salud sexual y reproductiva.
La iniciativa, presentada por los diputados Daniel Manouchehri (PS), Daniella Cicardini (PS), Carolina Tello (FA), Gael Yeomans (FA), Consuelo Veloso (FA), Emilia Schneider (FA) y Daniel Melo (PS), propone incorporar en el artículo 19 de la Constitución un nuevo numeral que reconoce el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y los métodos anticonceptivos.
Sobre el texto propuesto, la iniciativa indica que “todas las personas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, el ejercicio de su sexualidad y de los métodos anticonceptivos de manera informada”. Además, el proyecto establece que “se garantizará el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos” contemplados por las tres causales.
Las tres causales contempladas en la reforma son: riesgo vital para la mujer; que el embrión o feto padezca una patología congénita o genética incompatible con la vida extrauterina; y que el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.
La diputada y senadora electa Daniella Cicardini explicó el motivo del ingreso: “hacemos ingreso de este proyecto porque queremos blindar los avances de los derechos para las mujeres ante las amenazas”. En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “frente a las amenazas de la extrema derecha de retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, este proyecto busca resguardar constitucionalmente el aborto en tres causales”.
Los planteamientos de los autores del proyecto se enmarcan en el debate público generado por posiciones contrarias a la normativa vigente. Sobre ello, la campaña y declaraciones públicas del dirigente José Antonio Kast han señalado que “el aborto no es un derecho humano, es un asesinato”, además de manifestar oposición al uso de la llamada píldora del día después.
El proyecto fue ingresado formalmente por los congresistas y ahora deberá seguir su tramitación parlamentaria, donde será discutido y sometido a votación en las instancias correspondientes. La eventual elevación a rango constitucional implicaría un cambio en la protección jurídica de los derechos sexuales y reproductivos en Chile y tendrá impacto en el marco normativo que rige el acceso al aborto por las tres causales.
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