La Contraloría detectó gestiones telefónicas de un asesor de la exministra Ximena Aguilera ante el Hospital del Salvador por la atención de su madre, hecho que tensó al oficialismo y abrió la posibilidad de una acusación constitucional y una querella por presunto tráfico de influencias.
El organismo reproductor de cuentas públicas sostuvo que “no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley”, según el informe que analizó el caso de Lucía Sanhueza (87), madre de la exsecretaria de Estado.
Pese a ello, la exministra aseguró que “no hubo un trato preferencial” durante la intervención quirúrgica realizada a mediados de diciembre.
El informe de la Contraloría detalla que el exjefe de asesores de Aguilera, Nájera De Ferrari, “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del Hospital del Salvador para informar sobre la “identificación del paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia”. Tras esas llamadas, se establecieron “coordinaciones internas” entre la dirección subrogante del hospital, el jefe de la Unidad de Emergencia y la enfermera de ese departamento.
La revelación provocó reacciones en bloques oficiales. El diputado Andrés Celis (RN) afirmó que, dado que se acreditó “tráfico de influencias” y se transgredió la “igualdad ante la ley”, el oficialismo debe evaluar “alternativas que se hagan cargo de la situación, entre ellas una ‘querella por tráfico de influencias’ y ‘una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera'”.
Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez sostuvo que “sin perjuicio de que tenemos muchas urgencias en el país, creemos que este caso que constata la Contraloría es grave porque se rompe la fe pública”.
En el Partido Republicano también hubo cuestionamientos. El diputado Luis Sánchez señaló que “todos podemos preocuparnos por nuestros cercanos, pero usar el cargo para influir y saltarse la fila no puede ocurrir en un sistema público. Esto tiene que investigarse y debe tener consecuencias”.
Según la nota de prensa, la situación podría derivar en acciones judiciales y políticas: además de una querella por presunto tráfico de influencias, desde distintos sectores oficialistas se planteó la posibilidad de presentar una acusación constitucional, trámite que podría avanzar en el Congreso aun cuando el gobierno de Gabriel Boric haya terminado, indicaron las fuentes.
Sobre el procedimiento político, desde el oficialismo manifestaron: “vamos a analizar los méritos cuando se presenten, cómo se presenten, y vamos a votar en conciencia como lo hemos hecho siempre en todas las acusaciones. Cuando existe mérito no solo político sino también jurídico, hemos concurrido a este tipo de acusaciones”.
