Diputados del oficialismo y de la Democracia Cristiana presentaron este martes una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, vinculándolo al abogado Luis Hermosilla y cuestionando su conducta en el Poder Judicial y ante el Congreso.
La iniciativa fue ingresada tras la decisión del Pleno de la Corte Suprema de no remover a Ulloa, resolución que se adoptó porque no se alcanzó el quórum requerido. Los autores del libelo acusan al ministro de haber “traspasar[do] a Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, intervenir en nombramientos y no inhabilitarse en aquellas causas en las que tenía cercanía con intervinientes”, según los antecedentes presentados por los firmantes.
En la Cámara, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los firmantes, afirmó que “la gente merece una justicia limpia, imparcial y confiable y eso hoy está en riesgo. El ministro Antonio Ulloa no solo le enviaba poemas al señor Hermosilla, juntos tejían una verdadera red de impunidad”. Agregó que “tenemos la convicción de que el ministro vulneró gravemente la Constitución, vulnerando el principio de reserva, de abstención, de imparcialidad, de probidad, los cuales configuran un notable abandono de deberes”.
Desde la Corte Suprema, la ministra Gloria Chevesich sostuvo que “la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general es muy respetuoso de los otros poderes del Estado” y reconoció que el Legislativo “está en su derecho” a presentar la acción. También dijo, respecto de “comentarios que no corresponden”, que “como hemos sido muy respetuosos, creo también que debería aplicar la reciprocidad. Que no haya un ataque frontal a determinados ministros, sino que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
Consultado sobre si contarán con los votos para aprobar el libelo, Manouchehri señaló que “el momento de dialogar es ahora” y que esperan lograr el respaldo de “todas las bancadas”.
La acusación ya fue formalizada en la Cámara de Diputados y sus promotores buscarán avanzar en su trámite legislativo en las próximas semanas, con miras a obtener el quórum y las mayorías necesarias para su admisibilidad y eventual discusión. La iniciativa mantiene la atención sobre la relación entre el Poder Judicial y representantes del mundo jurídico, y su eventual resultado tendrá implicancias para la confianza ciudadana en la administración de justicia.
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