La Cámara de Diputados sorteó este miércoles a los integrantes de la comisión revisora que analizará la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, en un proceso que ha tensado el Congreso y la relación entre oficialismo y oposición.
El libelo fue ingresado el martes por diputados oficialistas y de la Democracia Cristiana, luego de que la Corte Suprema rechazara la remoción del juez por no alcanzar el quórum necesario.
Pese a que la iniciativa provino del oficialismo, la comisión quedó integrada mayoritariamente por parlamentarios de oposición. Los nombres sorteados son: José Carlos Mesa (Partido Republicano), Hotuiti Teao (independiente, RN), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Placencia (PC) y Gustavo Benavente (UDI).
Al presentar la acusación, los diputados oficialistas sostuvieron que existió un “abandono de deberes” por parte del ministro. En el libelo se señalan supuestas irregularidades derivadas de los chats entre Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, entre las que se incluye el traspaso de información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, intervenciones en nombramientos y la falta de inhabilitación en causas donde habría existido cercanía con intervinientes.
El diputado socialista Daniel Manouchehri, uno de los impulsores del proceso, afirmó tener “la convicción de que el ministro vulneró gravemente la Constitución, vulnerando el principio de reserva, de abstención, de imparcialidad, de probidad, los cuales configuran un notable abandono de deberes”.
El sorteo de los integrantes se realizó en la Cámara en medio de cuestionamientos cruzados entre bancadas sobre el alcance y la legitimidad del procedimiento. La decisión de la Corte Suprema de no remover al juez, por falta de quórum, fue uno de los antecedentes que motivaron la presentación del libelo por parte del oficialismo y la DC.
Como próximos pasos, la comisión revisora deberá analizar la acusación y elaborar un informe que será remitido a la Cámara para su discusión y eventual votación. La resolución final tendrá impacto en la institucionalidad judicial y en el debate político sobre la supervisión de jueces en el país.
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