La Cámara de Diputados votará esta semana el proyecto de la ley de reajuste del sector público, tras su paso por la comisión de Hacienda, en una iniciativa que combina aumentos salariales y una norma crítica para la contratación a contrata que la oposición ha calificado como un intento de “amarre”.
El proyecto incluye un reajuste general de 3,4%: un aumento de 2% desde el 1 de diciembre de 2025 y otro de 1,4% en junio de 2026. Además, contempla un incremento superior al 5% para las remuneraciones mínimas, bonos para trabajadores de menores ingresos y nuevas remuneraciones mínimas nominales: auxiliares $564.598, administrativos $628.344 y técnicos $668.412.
También se propone prorrogar la facultad de teletrabajo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028, según el texto del proyecto.
La polémica se concentra en una disposición que regula la renovación y no renovación de contratos a contrata. El texto del proyecto establece que “la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”. El mismo pasaje añade que “se exige la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad”.
Desde la oposición han advertido que la norma busca “amarrar” a funcionarios de confianza nombrados durante la presente administración, una crítica que motivó cambios en la redacción del Ejecutivo. Ante las críticas, “el gobierno decidió cambiar el plazo de dos a cinco años”, informó el Ejecutivo como una medida para intentar alcanzar mayor apoyo en el Congreso.
La iniciativa fue resultado de los acuerdos alcanzados con la Mesa del Sector Público (MSP) y deberá ser despachada por la comisión de Hacienda antes de su votación en Sala. El debate en la Cámara concentrará tanto el análisis de las cifras de reajuste como la discusión sobre las reglas para la contratación a contrata y el rol de la Contraloría en el registro de actos administrativos.
