La renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue recibida con preocupación y críticas desde el Congreso, donde parlamentarios de oficialismo y oposición destacaron el momento del anuncio y su posible impacto en la conducción económica del Gobierno. La salida ocurre cuando el Ejecutivo presentaba iniciativas clave, incluyendo una reforma tributaria y el proceso presupuestario.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que “es un pésimo momento para poder hacerlo” y recordó que “solo el día de ayer el ministro Marcel en la Comisión de Hacienda nos presentó el proyecto de reforma tributaria que el gobierno estaba proponiendo, con una serie de ajustes en la carga tributaria”. Agregó que la dimisión llega “obviamente, que también es lamentable cuando estamos ad portas de hacer el proceso de presupuesto para el próximo año”.
Sauerbaum valoró además la disposición al diálogo del saliente secretario de Estado: “Con todas las críticas que nosotros le hicimos en su momento, era una persona con la cual nosotros podíamos dialogar”.
El diputado independiente Carlos Bianchi afirmó que “se va la persona más seria, se va la persona que daba garantías”, y advirtió que, en su opinión, “va a costar muchísimo gobernar y me imagino que los últimos meses será para administrar”. Bianchi añadió que “Mario Marcel daba la credibilidad en materia económica”.
La diputada Camila Musante (ind.-PPD) calificó la salida como “una tremenda pérdida para el Gobierno, porque el ministro Marcel se ha destacado por un trabajo serio, un trabajo que ha realizado con dialogo permanente de manera transversal”.
Desde la izquierda, el diputado Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que “es una mala noticia para el país la salida del ministro Marcel (…) Creo que lo de Marcel disminuye la capacidad del Gobierno en un área tan importante como es la hacienda pública”.
En el Congreso se puso énfasis en la incertidumbre sobre quién reemplazará a Marcel y en las implicancias para la negociación de la reforma tributaria y el presupuesto. La renuncia, informada en la jornada del 21 de agosto de 2025, deja en evidencia la necesidad de que el Ejecutivo nombre con rapidez a un sucesor que asegure continuidad en la gestión económica.
