El Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE) entraron en una nueva controversia por un supuesto “error metodológico” en los informes de precios de nudo promedio, luego de que una consultora privada sostuviera que el exceso cobrado en las cuentas de luz sería mucho menor al informado inicialmente ante el Congreso.
El Ministerio de Energía informó “que los chilenos habrían pagado unos US$ 100 millones en exceso”, mientras que la CNE confirmó una cifra “cercana a los US$ 115 millones”, según los registros oficiales presentados esta semana ante el Congreso. Sin embargo, la consultora Valgesta Nueva Energía difundió un informe técnico que contradice esos montos: “los clientes regulados no han pagado US$ 110 millones en exceso… sino una cifra cercana a los US$ 2 millones”, indica el documento.
Valgesta explicó que revisó “todos los informes técnicos emitidos por la CNE entre 2017 y 2025, además de las planillas de respaldo asociadas” y concluyó que “no existe un error metodológico que se haya aplicado invariablemente desde 2017”, sino que se trató “de un error puntual detectado en el Informe Técnico Definitivo publicado en enero de 2024”.
La consultora precisa que el único monto efectivamente traspasado a las cuentas eléctricas corresponde al período julio–septiembre de 2024 y equivale a aproximadamente US$ 2 millones. “El error asumido por la CNE ha sido traspasado de manera marginal a las cuentas eléctricas de las familias”, señala la minuta.
En el marco normativo, Valgesta recuerda que las leyes de congelamiento tarifario de 2019 y 2022 (Ley 21.185 y Ley 21.472) convirtieron los saldos en dólares sin generar reajustes ni intereses. Entre julio de 2022 y junio de 2024, el saldo acumulado ascendió a US$ 1.700 millones, cuyo tratamiento quedó regulado por la Ley 21.667 de abril de 2024, que descongeló las tarifas y transformó esos saldos en instrumentos financieros.
Sobre esos instrumentos, el informe puntualiza que “estos documentos recién comenzarán a pagarse en 2028, por lo que el error aún no se materializa en las cuentas eléctricas, y la autoridad tiene margen para buscar una solución antes de que los pagos se hagan efectivos”, concluye Valgesta.
La discrepancia técnica y numérica tiene también consecuencias políticas. La controversia se produce en plena exposición de la materia ante el Congreso y ha motivado reacciones de la oposición, que anunció una acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow vinculada a la gestión del asunto.
