La contralora general, Dorothy Pérez, criticó con dureza la llamada “ley de amarre” del Gobierno durante su presentación ante la Comisión de Hacienda, advirtiendo que la norma modifica el régimen jurídico de la Contraloría y complica la validación de gastos asociados al proyecto de reajuste del sector público. Sus observaciones colocan el foco en la relación entre el órgano fiscalizador y la tramitación legislativa en el Congreso.
Pérez afirmó que la Contraloría “no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”. La intervención ocurrió en el marco del debate por el proyecto de reajuste al sector público.
La autoridad explicó que, pese a conversaciones con la Dirección de Presupuestos para revisar metodologías, existen “otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”.
En su exposición, Pérez también cuestionó la incorporación de funcionarios a contrata con “grados altos y sueldos millonarios”, que en algunos casos realizan “la misma función” que empleados de carrera con años de servicio. Sobre esto señaló que “hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años que han ido ascendiendo vía carrera… sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”.
Respecto a la llamada “ley de amarre”, la contralora advirtió que la norma incluye disposiciones que afectan a funcionarios a contrata y su renovación, y que plantea notificaciones por acto administrativo fundado. Sobre un artículo específico declaró que “para los funcionarios que son (a contrata) transitorios establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre… este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema”.
Pérez subrayó además el impacto institucional de la iniciativa: “Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias”. Y añadió: “Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República… esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”.
La contralora advirtió que la medida podría perjudicar la carrera funcionaria, al permitir que personas externas o con poco tiempo en la administración pública sean “saltadas” por trabajadores de mayor grado. En sus palabras, “Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando'”.
