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Contraloría concluye que exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI
Contraloría concluye que exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI. El organismo determinó que el requerimiento no se ajustó a las funciones legales del Ministerio de Seguridad.
Contraloría concluye que exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI. El dictamen sostiene que la solicitud incluyó antecedentes protegidos de una investigación penal en curso.
El pronunciamiento surgió tras presentaciones realizadas por parlamentarios que solicitaron revisar la legalidad del oficio enviado por la entonces ministra.
El documento fue remitido a la Policía de Investigaciones dos días después de que Steinert asumiera como ministra de Seguridad.
Contraloría cuestiona el requerimiento de información reservado
La autoridad pidió antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal desarrollada por la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Entre los datos solicitados figuraban nombres, RUT, grados, destinos, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias administrativas o penales.
Según Contraloría, esos antecedentes no eran necesarios para las funciones legales de planificación, coordinación y supervisión del ministerio.
Además, el organismo advirtió que la solicitud podía afectar una investigación penal que permanecía vigente.
Contraloría concluye que exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI, al considerar que el requerimiento sobrepasó el marco legal establecido.
El dictamen también advierte un posible conflicto de interés
El informe señala que Steinert había participado anteriormente como fiscal regional en la investigación relacionada con el caso consultado.
Por ello, Contraloría indicó que debía observar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés.
El organismo concluyó que la actuación de la exministra no se ajustó estrictamente a las atribuciones que establece el ordenamiento jurídico.
No obstante, el dictamen no establece responsabilidades penales ni cuestiona la legalidad de la salida de la exprefecta general de la PDI.
Finalmente, el caso reabre el debate sobre los límites legales para solicitar información reservada durante investigaciones penales en desarrollo.