La Contraloría ordenó al Ministerio de Seguridad Pública responder en un plazo de 10 días hábiles un oficio del diputado Raúl Leiva que cuestiona la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, la prefecta Consuelo Peña, en un nuevo episodio que involucra al Gobierno, la Fiscalía y el Congreso.
El oficio, al que accedió Reportajes Teletrece, instruye: “Pase al Ministerio de Seguridad Pública una copia de la presentación parlamentaria de la referencia, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este organismo fiscalizador al tenor de lo allí expuesto, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”, dice el documento de la Contraloría.
El requerimiento se relaciona con la presentación de fiscalización presentada por el diputado PS Raúl Leiva sobre la salida de la prefecta Consuelo Peña de la Subdirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). La Contraloría además señala que la respuesta debe elaborarse con el respaldo jurídico correspondiente: “dicho informe deberá ser preparado con la intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad pública, y acompañado por todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, indica el oficio.
Fuentes consultadas por la nota indican que la respuesta del Ministerio, dirigido por Trinidad Steinert, podría estar lista a mediados de abril, dentro del plazo que fijó el órgano fiscalizador. En paralelo, la versión del director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante el Congreso se perfila como un punto clave; su comparecencia estaba programada para el lunes 6 de abril, según la agenda legislativa vinculada al caso.
La instrucción de la Contraloría se enmarca en los mecanismos de control sobre decisiones administrativas en instituciones de seguridad y en la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento ante cuestionamientos de parlamentarios de la oposición y oficialismo.
