El informe final de la Contraloría sobre la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) revela miles de millones en subsidios de licencias médicas no recuperados y deficiencias en los procesos de control, información que el Gobierno y la propia institución deberán aclarar mientras avanzan los sumarios y las indagaciones judiciales.
El documento número 223-2025, fechado el 28 de enero y publicado esta semana por la Contraloría General de la República, identificó importantes irregularidades en la gestión de licencias médicas de la Dirección Regional Metropolitana de la Junji, corporación dependiente del Ministerio de Educación.
Según el informe, 9.964 licencias tramitadas fueron rechazadas por incapacidad laboral por un total de $5.547.961.164 y no se recuperaron los montos respectivos, antecedentes que la Contraloría remitirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Además, entre 2017 y 2024, 1.045 funcionarios acumularon licencias por enfermedad o accidente común que, de manera intermitente, totalizaron más de dos años, generando 60.958 licencias no recuperadas por $20.916 millones.
La auditoría también detectó 54.876 licencias con antigüedad superior a cinco años, por un monto de $10.119.159.712, para las cuales “no se han iniciado procesos de castigo contable, vulnerando en el artículo 19 de la ley N° 18.382”, según el informe. Adicionalmente, se registraron 38 licencias rechazadas correspondientes a funcionarios desvinculados por $56.615.625; de ellas, 23 no cuentan con gestiones de cobranza judicial por $46.363.903 y siete, pese a haber sido notificadas por carta certificada, no fueron reintegradas a mayo de 2025.
El informe también puso de relieve problemas operativos: la Contraloría advirtió que “se constató que el proceso de recuperación de subsidios por licencias médicas se realiza de manera manual a través de planillas Excel auxiliares, dado que el sistema PeopleSoft HCM/FSCM1 aún no cuenta con un módulo habilitado para registrar dichos cobros”.
La investigación contextualiza además el escándalo público por viajes al extranjero con licencias: la Junji concentró 2.280 de los 25.078 funcionarios que, entre 2023 y 2024, realizaron viajes internacionales pese a estar con licencias médicas. Un cruce de bases complementarias, con información de la Fiscalía, mostró que 695 de los 3.532 funcionarios indagados por fraude en licencias pertenecían a la Junji.
La Junji, dirigida desde 2022 por la educadora diferencial Daniela Triviño —nombrada por el Presidente Gabriel Boric tras concurso de Alta Dirección Pública— respondió por escrito al informe. En su declaración sostuvo que “del total del monto total indicado de recursos no recuperados, de $20.916 millones, lo efectivamente no recuperado está asociado a las licencias rechazadas, lo cual asciende a $5.547 millones”. Añadieron que “es importante destacar que, durante el año 2024 y con anterioridad a la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones” y que “además, hay licencias notificadas en curso de recuperación”.
Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo admitió la lentitud de los procesos sumariales y pidió paciencia: “Quedan más de 22 mil, si no me equivoco, sumarios en proceso”, dijo, y agregó que “siempre nos gustaría que terminaran antes para poder cerrarlos con total certeza y transparencia de las sanciones asociadas, pero entendemos que hay procesos de investigación sumariales que tienen su tiempo”.
La Contraloría anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público, además de enviarlos al CDE, lo que abre la vía a posibles actuaciones penales y civiles. El informe también insiste en la necesidad de modernizar los sistemas administrativos para facilitar la recuperación de subsidios y evitar nuevos perjuicios al erario.
