La Contraloría programó para el 26 de enero una inducción dirigida a los ministros del presidente electo José Antonio Kast sobre el manejo del presupuesto y la prevención de irregularidades, y anunció además que en 2026 lanzará alertas para detectar riesgos de conflictos de interés y corrupción en el sector público. La medida refuerza la fiscalización del organismo sobre el nuevo gobierno y se enmarca en la revisión de gastos y prácticas administrativas tras el escándalo de las licencias médicas.
“La iniciativa, dirigida a ministros, subsecretarios, seremis y otras jefaturas y directivos de la administración, comienza con una charla dictada por la Contralora General Dorothy Pérez, y el Subcontralo Víctor Hugo Merino, donde se abordarán materias financiero-contables y jurídico-administrativas, como el uso del presupuesto de la nación, la correcta inversión y compromiso de los fondos públicos, la prevención y sanción de los conflictos de intereses, aspectos de riesgo en la gestión legal”, dijo la Contraloría en un comunicado.
Según la entidad, la inducción es de carácter preventivo y “corre independientemente de la labor de fiscalización que harán al nuevo gobierno desde el 11 de marzo”. La administración saliente, agrega la Contraloría, declinó ofrecer una actividad similar al asumir en 2022 por motivos de agenda.
Además de la charla, la Contraloría prepara un nuevo producto de fiscalización que, según la entidad, “consistirá en alertas de riesgo de conflictos de interés y corrupción en el sector público”. La herramienta busca advertir a servicios y municipios sobre prácticas que podrían vulnerar normativas antes de que deriven en faltas mayores o delitos, según conocedores del proceso.
La medida llega tras los hallazgos de los Consolidados de Información Circularizada (CIC) difundidos en mayo de 2025, que revelaron que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. Tras ese escándalo, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que las pérdidas solo en el gobierno central alcanzaban los US$300 millones.
La actuación de Dorothy Pérez como contralora también ha provocado reacciones políticas. Sectores del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista criticaron advertencias previas de la autoridad sobre un posible desfinanciamiento del reajuste al sector público por la destinación de recursos a los incendios forestales. Algunos parlamentarios la acusaron de excederse en sus funciones, tras sus intervenciones en la comisión de Hacienda del Senado.
Quienes conocen su estilo de trabajo destacan su rutina de llegar temprano, sostener reuniones con equipos técnicos y recibir a parlamentarios de distintos sectores. Pérez ha incrementado recursos para fiscalizar municipalidades y gobiernos regionales, reordenó unidades internas y, según la nota original, puso pausa a iniciativas simbólicas como la mascota institucional.
Breve recorrido profesional: Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez nació en Santiago en 1976, es abogada de la Universidad de Chile y tiene posgrados en gestión y políticas públicas. Ingresó a la Contraloría en 2004, ocupó cargos en el Ministerio de Educación entre 2014 y 2015, y luego volvió al organismo donde fue jefa de gabinete y subcontralora. En 2018 enfrentó un conflicto con el entonces contralor Jorge Bermúdez que la llevó a presentar y ganar un recurso de protección; con posterioridad asumió como subrogante en 2023.
