La Contraloría General de la República ofició a la Dirección Administrativa de la Presidencia y concedió diez días hábiles al Gobierno para que entregue explicaciones sobre el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast sostuvo en La Moneda con excompañeros universitarios, un hecho que reaviva el debate en el Congreso y en la oposición sobre el uso de recursos públicos.
El encuentro se realizó el pasado viernes 10 de marzo, según los antecedentes recabados. Diputados y senadores denunciaron que la reunión contó con “menú oficial y atención de personal institucional en horario de jornada laboral”, según las críticas presentadas ante el órgano fiscalizador.
El oficio de Contraloría solicita que la Presidencia aclare esos puntos y que responda a “los antecedentes solicitados por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini”, señala el requerimiento al que tuvo acceso este medio. La entidad fijó un plazo de diez días hábiles para que la administración presidencial entregue la información requerida.
El diputado Manouchehri sostuvo que “el Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social. Los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas”.
Por su parte, la senadora Daniela Cicardini cuestionó que “los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata”, en alusión a las prioridades de gasto del Ejecutivo.
Desde el Gobierno, la vocera Mara Sedini afirmó que “el almuerzo fue financiado con recursos personales del Presidente Kast” y agregó que “más detalles del encuentro serán entregados por la vía institucional a Contraloría General de la República en tiempo y forma establecida”.
El oficio de Contraloría obliga a la Presidencia a presentar antecedentes formales dentro del plazo indicado, tras lo cual el órgano fiscalizador evaluará si hubo uso indebido de recursos o vulneración de normas administrativas. La resolución mantiene la atención política sobre La Moneda y la fiscalización del gasto público en el contexto de la agenda del Congreso y las demandas de la oposición.
