La Contraloría pidió antecedentes al Hospital del Salvador por la cirugía que el 23 de diciembre se le practicó a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en medio de cuestionamientos por una supuesta atención preferencial que derivó en presiones políticas y requerimientos parlamentarios.
El organismo fiscalizador envió requerimientos al recinto, según informó el propio hospital, que además confirmó haber recibido la solicitud el 26 de diciembre. En un comunicado, el centro asistencial aseguró que “El Hospital del Salvador se encuentra plenamente disponible para entregar la información que sea requerida a las instancias y organismos competentes. A la fecha, hemos recibido un requerimiento de la Contraloría General de la República sobre este caso, el cual será atendido conforme a los procedimientos establecidos”.
La ministra Aguilera explicó que su madre ingresó en modalidad de urgencia alrededor de las 11:00 y que el traumatólogo de turno indicó la intervención. Aguilera dijo que llegó al hospital a las 15:00, que la operación se realizó a las 21:00 y negó cualquier influencia: “En ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial”. Además afirmó que “no tengo pensado presentar la renuncia (…) el Presidente me respalda”.
Documentos internos del hospital, filtrados a la prensa, ponen en duda la versión clínica oficial. Un informe de un funcionario señala: “Por autorización de dirección se envía paciente a sala sin entregar, sin papeles administrativos, sin medicamentos. DEJO REGISTRO”. Otro documento, la entrega de turno posterior a la cirugía, consigna un retraso en otras intervenciones por “cirugía cadera ingresada con prioridad administrativa desde la urgencia” y añade que se “posterga reexploración de paciente laparotomizado”.
Esa cirugía reprogramada correspondía a un paciente que fue operado a medianoche, tras la intervención de la madre de la ministra, y que falleció tres días después por un shock séptico. El Hospital del Salvador indicó que ese paciente “se encontraba hospitalizado desde cinco días previos a su fallecimiento, en estado grave y que recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica”.
Ante la polémica, el director del hospital, Jorge Zajjur, instruyó una auditoría interna para revisar los criterios y decisiones administrativas relacionadas con las agendas quirúrgicas del 23 de diciembre.
La bancada de la UDI, a través de su timonel Guillermo Ramírez y el diputado y miembro de la Comisión de Salud Daniel Lilayu, presentó un oficio a Contraloría solicitando fiscalización. En el texto los parlamentarios citan el artículo 19 de la Constitución sobre el derecho “libre e igualitario” a la salud y la “prohibición de establecer diferencias arbitrarias en la entrega de atenciones médicas”. También pidieron a la Contraloría que “se sirva informar sobre la posibilidad de instruir un procedimiento disciplinario en orden a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que deriven de la situación descrita, con especial énfasis en los criterios de priorización aplicados por el Hospital del Salvador respecto de la intervención quirúrgica realizada a la madre de la ministra de Salud”.
En su oficio la bancada solicitó además antecedentes como “instrucciones y actos previos asociados a tal procedimiento; tiempos de espera en comparación con pacientes con el mismo diagnóstico; posibles cirugías reprogramadas, entre otros aspectos relevantes”.
La situación escaló a presión política: en la oposición se han planteado solicitar la renuncia de la ministra, presentar denuncias ante el Ministerio Público, crear una comisión investigadora en el Congreso e incluso evaluar una eventual acusación constitucional.
