“La Contraloría entregó un plazo de 10 días para que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, informen sobre un oficio reservado enviado por la ministra antes del retiro de la exjefa de Inteligencia, Consuelo Peña”, informó T13.
“La solicitud de la Contraloría busca esclarecer si el oficio de la secretaria de Estado se ajustó al derecho o si implicó una intervención indebida en funciones que corresponden al Ministerio Público y a las policías en el marco de investigaciones penales”, consignó La Tercera.
“Inicialmente se difundió que la salida de Consuelo Peña había sido solicitada por la ministra Steinert”, recordó la nota, “pero desde el Gobierno y el propio Presidente, José Antonio Kast, manifestaron que fue decisión del director general de la PDI, Eduardo Cerna, removerla”, según el reporte.
“Ante la diferencia de versiones, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados citó al director general de la PDI para que entregue antecedentes sobre el caso”, indicó T13.
“El oficio en cuestión pedía antecedentes detallados sobre funcionarios policiales vinculados a la investigación del ‘Clan Chen’, causa en la que la ministra Steinert se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá antes de asumir como secretaria de Estado”, informó T13.
“Consuelo Peña respondió al requerimiento del oficio y, días después, se le solicitó el retiro”, añadió la cobertura.
“Radio Bío Bío reportó que la ministra Steinert también habría intentado acceder a una investigación en la que se vio involucrado el hijo de la exsubdirectora”, consignó la nota periodística citada por T13.
“Frente a estas informaciones, la Contraloría pidió el informe ‘urgente’ a las autoridades para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y la ajustada interpretación de los límites competenciales”, señaló La Tercera.
“El hecho coloca bajo revisión la relación entre el Ministerio del Interior —vía la Secretaría de Seguridad— y la conducción de la PDI, así como la separación de funciones con el Ministerio Público”, concluyó el despacho.
“Los próximos pasos incluyen la entrega del informe solicitado por la Contraloría dentro del plazo fijado y la presentación de antecedentes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancias que definirán eventuales medidas administrativas o políticas”, informó T13.
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