La Contraloría fue oficializada para revisar la legalidad del requerimiento que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, envió al director de la PDI sobre una causa penal en curso, en medio de cuestionamientos en el Congreso y la Comisión de Seguridad. La solicitud del diputado Raúl Leiva (PS) busca aclarar si el oficio reservado vulnera normas de competencia institucional.
Según informó Radio Bio Bio, Steinert pidió al director de la PDI, Eduardo Cerna, antecedentes sobre los traslados de funcionarios que investigaban la causa conocida como “Clan Chen”, investigación en la que la ministra se desempeñó anteriormente como fiscal regional de Tarapacá. Además, durante la semana la secretaria de Estado estuvo en el foco tras el despido de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
En la Comisión de Seguridad de la Cámara, Leiva interrogó a la ministra sobre “los alcances y la legalidad de este oficio reservado” dirigido a Cerna, y consideró que la respuesta de Steinert fue “muy escueta”, por lo que solicitó la intervención del órgano contralor. “En función de esa discrepancia y de manera prudente, muy respetuosa, le plantee que íbamos a requerir a la Contraloría”, declaró el diputado.
Leiva expresó además su preocupación por el conocimiento previo de Steinert sobre la causa: “Es inadecuado respecto de una causa penal tan compleja, que invoca en el propio oficio y respecto de la cual era una fiscal instructor”, y añadió que resulta problemático que “luego esos antecedentes los utilice en su calidad de ministra de Seguridad”.
El oficio de Leiva pone en manos de la Contraloría la determinación sobre si el requerimiento de información se ajusta a la normativa que regula las competencias entre el Ministerio de Seguridad y la PDI, así como la protección de procesos penales en curso.
