El diputado Cristián Contreras Radovic presentó una reforma constitucional para convocar un plebiscito que consulte la restitución de la pena de muerte, iniciativa que ya se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución del Congreso. La propuesta vuelve a poner en el centro del debate la relación entre soberanía, tratados internacionales y el sistema penal chileno.
El parlamentario, conocido como “Dr. File”, ingresó esta iniciativa el 17 de marzo junto a otras diez propuestas. Según la agenda presentada entonces, los proyectos incluyen medidas contra la corrupción, cambios al sistema educacional, la vacunación voluntaria, reformas a TVN y un plebiscito nacional sobre la restitución de la pena de muerte, entre otros.
El 3 de abril el Partido de la Gente (PDG) anunció la expulsión de Contreras de su bancada. En un comunicado el partido afirmó: “no perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo”. Añadió que “Aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas”.
Qué plantea el proyecto
El proyecto, cuya tramitación aparece en la Cámara como ingreso del 17 de marzo y fue derivado a la Comisión de Constitución el 25 de marzo, propone una modificación a la Carta Fundamental para habilitar la convocatoria a un plebiscito que pregunte a la ciudadanía sobre la restitución de la pena capital en casos específicos.
En los fundamentos, el texto sostiene que Chile mantiene una “abolición parcial” de la pena de muerte porque esta figura sigue vigente en el Código de Justicia Militar para tiempos de guerra (Art. 240). El proyecto afirma que “lo que se propone no es el nacimiento de una institución muerta, sino la extensión de una facultad sancionatoria preexistente en el derecho interno hacia la justicia ordinaria para delitos de similar gravedad”, según el propio documento.
El texto cita además criterios sobre soberanía y derecho internacional, incorporando referencias a fallos del Tribunal Constitucional que, según el proyecto, respaldarían la posibilidad de reformar normas internas aun frente a obligaciones internacionales.
Contenido del plebiscito y efectos legales
La reforma propone incluir una disposición transitoria que obligaría al Presidente de la República a convocar, mediante decreto supremo y en un plazo máximo fijado por la norma, a un “Plebiscito Nacional vinculante”. El documento define la pregunta que se sometería a la ciudadanía: “¿Está usted de acuerdo con restituir la pena de muerte para delitos de extrema gravedad, tales como homicidios múltiples, terrorismo con resultado de muerte y crímenes sexuales contra menores de edad que ocasionen la muerte de la víctima?” (opciones “Sí” y “No”).
El proyecto establece que, en caso de triunfo del “Sí”, “el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional, dentro del plazo de 180 días desde que se califique dicho acto electoral, los proyectos de reforma constitucional y legal necesarios para dar cumplimiento al mandato soberano”. Asimismo, plantea que el Estado deberá “iniciar, de forma inmediata, los procedimientos de denuncia o reserva de los tratados internacionales que resulten incompatibles con la ejecución de la pena de muerte en el ámbito civil”, de acuerdo con las atribuciones constitucionales.
Contexto normativo e histórico
La pena de muerte fue abolida en Chile el 5 de junio de 2001, durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando fue reemplazada por el presidio perpetuo calificado. El proyecto de Contreras propone ahora someter esa decisión a la voluntad popular mediante el mecanismo del plebiscito vinculante que busca introducir en la Constitución.
Próximos pasos
La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y ya fue derivada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Congreso, instancia donde se espera el inicio de la discusión y los informes correspondientes. Si la reforma avanzara, los plazos contenidos en el propio texto condicionan la convocatoria y los siguientes pasos legislativos en caso de un resultado favorable.
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