El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $166.951 millones para la iniciativa, un 14% menos que los $189.696 millones considerados durante este año. Desde el Ejecutivo aseguran que las 27 enfermedades seguirán cubiertas y que los recursos podrán complementarse durante 2027.

La reducción de recursos contemplada para la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027 generó cuestionamientos durante la discusión del erario, ante la preocupación por un eventual impacto en los pacientes que reciben tratamientos de alto costo.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que la disminución presupuestaria no implicará cambios en las enfermedades cubiertas ni la interrupción de los tratamientos contemplados actualmente por la normativa.

Para 2027, el proyecto considera $166.951 millones para la Ley Ricarte Soto, mientras que durante 2026 se contemplaron $189.696 millones. La diferencia alcanza los $22.745 millones, equivalente a una reducción cercana al 12%, aunque el Gobierno la ha comunicado como un recorte del 14%.

¿Qué pasará con las 27 enfermedades cubiertas?

A través de sus redes sociales, el Ejecutivo explicó que las 27 enfermedades actualmente incorporadas al sistema continuarán contando con cobertura durante 2027.

“Las 27 enfermedades cubiertas siguen cubiertas. Los tratamientos continúan”, señaló el Gobierno, enfatizando que el menor monto inicial asignado en el proyecto no modifica las garantías establecidas por la ley.

La Ley Ricarte Soto es un sistema de protección financiera destinado a entregar cobertura para diagnósticos y tratamientos de alto costo asociados a las enfermedades incorporadas al programa.

Desde el Ejecutivo también señalaron que, si los recursos contemplados inicialmente no fueran suficientes, estos podrían ser complementados durante el transcurso del año.

Gobierno asegura que los tratamientos no se suspenderán

La ministra de Salud, May Chomali, abordó el tema en conversación con Radio Pauta y sostuvo que el financiamiento de la Ley Ricarte Soto ha enfrentado dificultades durante los últimos años debido a que el gasto asociado a los tratamientos supera los recursos asignados inicialmente.

“Que tengamos un poco más o un poco menos de presupuesto, para los efectos prácticos de los pacientes no tiene ningún impacto”, afirmó la secretaria de Estado.

Chomali aseguró además que el Ejecutivo buscará mecanismos para financiar las prestaciones necesarias y afirmó que los pacientes que actualmente reciben tratamientos, así como quienes sean incorporados posteriormente, continuarán accediendo a los medicamentos que requieran.

¿Por qué se redujo el presupuesto?

El Gobierno ha explicado que el monto incluido inicialmente en el proyecto corresponde al aporte establecido por ley, mientras que las necesidades adicionales de financiamiento podrían cubrirse durante la ejecución presupuestaria.

En ese sentido, el Ejecutivo plantea la posibilidad de modificar la normativa para que el fondo pueda crecer de acuerdo con el aumento del número de pacientes que requieren estos tratamientos.

La discusión sobre los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto se da en el marco de la tramitación del Presupuesto 2027, que contempla reducciones en distintas áreas mientras Hacienda busca avanzar en una política de contención del gasto público.

Por ahora, el proyecto deberá continuar su discusión en el Congreso, donde parlamentarios deberán analizar el monto asignado a la iniciativa y las distintas partidas que componen el Presupuesto del próximo año.

La exmandataria fue consultada sobre la posibilidad de volver a competir por La Moneda y, entre risas, dejó abierta la opción. Además, afirmó que continuará trabajando por la unidad de las fuerzas que buscan “el progreso y no los retrocesos”.

Michelle Bachelet volvió a instalarse en el debate político luego de referirse públicamente a la posibilidad de asumir nuevamente una candidatura presidencial.

La expresidenta fue entrevistada en el programa De la región al mundo, de TVU de la Universidad de Concepción, en su primera conversación tras retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Durante la entrevista, Bachelet fue consultada directamente por la posibilidad de intentar llegar nuevamente a La Moneda.

“¿No hay segunda sin tercera?”, le preguntaron.

Luego de guardar silencio durante algunos segundos y entre risas, la exmandataria respondió: “Yo creo que sí… yo creo que sí”.

¿Bachelet podría volver a competir por La Moneda?

La declaración no corresponde a un anuncio formal de candidatura, pero sí dejó abierta la posibilidad de un eventual tercer intento presidencial.

Bachelet ocupó la Presidencia de Chile en dos períodos: 2006-2010 y 2014-2018, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a La Moneda y en la primera mandataria en retornar al cargo después de un primer período presidencial.

Tras finalizar su segundo gobierno, desarrolló distintas funciones internacionales y entre 2018 y 2022 se desempeñó como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En septiembre de este año, además, comunicó su decisión de retirar su candidatura para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas.

“No me voy a quedar tranquila”

Durante la conversación, la exmandataria también abordó su futuro y aseguró que continuará participando en espacios vinculados a la política y la búsqueda de acuerdos.

“Yo no me voy a quedar tranquila tejiendo, por así decirlo”, afirmó Bachelet, quien agregó que seguirá haciendo lo que pueda “por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

Las declaraciones se producen luego de su regreso a Chile, donde durante las últimas semanas ha mantenido un perfil relativamente bajo, aunque ha participado en algunas actividades públicas.

Por ahora, Bachelet no ha confirmado una nueva candidatura presidencial. Su respuesta, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un eventual regreso a una elección por La Moneda.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción de $3.120 millones para el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere. La iniciativa financia, entre otras acciones, esterilizaciones, vacunaciones, microchipeo, atención veterinaria y educación.

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) tendría una reducción cercana al 86% de su presupuesto durante 2027, de acuerdo con las cifras contempladas en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado para el próximo año.

Los recursos destinados al programa pasarían de $3.634 millones en 2026 a $514 millones en 2027. Esto significa una disminución de aproximadamente $3.120 millones, dejando al programa con cerca del 14% de los recursos considerados para este año.

¿Qué es el Programa de Tenencia Responsable?

El PTRAC depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y canaliza recursos hacia las municipalidades para implementar iniciativas relacionadas con la tenencia responsable de animales de compañía.

Entre las prestaciones que contempla el programa se encuentran esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria, educación y acciones de participación ciudadana.

La iniciativa forma parte de la implementación de la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como Ley Cholito, promulgada en 2017.

La normativa establece obligaciones para los responsables de animales, entre ellas su identificación y registro, alimentación, cuidados veterinarios y buen trato.

Menos recursos para organizaciones de protección animal

La reducción también alcanza los recursos destinados a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de tenencia responsable.

Según los antecedentes publicados sobre el proyecto, el fondo concursable para organizaciones sin fines de lucro pasaría de $630 millones en 2026 a un máximo de $150 millones en 2027.

Esto implica que las organizaciones que postulan a financiamiento estatal para desarrollar iniciativas relacionadas con animales de compañía también enfrentarían una disminución de los recursos disponibles.

Subdere asegura que existen proyectos en ejecución

Frente a las críticas por la disminución presupuestaria, desde la Subdere han señalado que la inversión en tenencia responsable no se detendría.

La institución indicó que existen aproximadamente $3.000 millones correspondientes a proyectos actualmente en ejecución, los que continuarían funcionando en distintas comunas durante 2027.

El Gobierno también ha planteado que el programa requiere una revisión. Según las explicaciones entregadas por la Subdere, el PTRAC no habría sido evaluado integralmente en diez años y no contaría con un indicador de impacto que permita medir sus resultados sobre problemáticas como el abandono, las jaurías o las mordeduras.

La propuesta considera realizar pilotos de focalización y un estudio de impacto durante el primer semestre de 2027, además de una revisión en julio que podría permitir una eventual reasignación de recursos.

El recorte deberá ser discutido en el Congreso

La reducción del presupuesto forma parte del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, por lo que los montos aún están sujetos a la discusión y aprobación del Congreso.

El recorte ya ha generado cuestionamientos desde municipios y parlamentarios, principalmente por el posible impacto que una menor disponibilidad de recursos podría tener en las acciones que actualmente se desarrollan a nivel comunal.

De aprobarse la propuesta en los términos planteados, el PTRAC pasaría de administrar $3.634 millones en 2026 a $514 millones en 2027, convirtiéndose en una de las reducciones presupuestarias más pronunciadas dentro de los programas asociados a la tenencia responsable de animales de compañía.

La exministra del Deporte fue contratada a honorarios como asesora senior en materias deportivas. El acuerdo contempla un pago total de $17,1 millones entre el 7 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

La exministra del Deporte, Natalia Duco, regresó a La Moneda pocas semanas después de dejar el gabinete. Esta vez, se incorporó al equipo presidencial como asesora senior en materias relacionadas con el deporte, mediante un contrato a honorarios por un total de $17.100.000 brutos.

Según una resolución de Presidencia fechada el 25 de septiembre, a la que accedió Bío Bío, el vínculo se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuánto recibirá Natalia Duco?

El monto establecido en el contrato no se distribuye en cuatro pagos iguales.

El acuerdo contempla una primera cuota de $3,6 millones brutos, seguida de tres pagos de $4,5 millones brutos cada uno.

De esta manera, el total correspondiente al período contratado alcanza los $17,1 millones brutos. Si se calcula un promedio sobre los meses comprendidos en el contrato, equivale a aproximadamente $4,275 millones brutos mensuales, aunque esa no es la modalidad de pago establecida en el convenio.

¿Qué funciones cumplirá en La Moneda?

Duco se desempeñará en el Gabinete Presidencial como asesora senior en materias relacionadas con el deporte.

Entre las funciones establecidas en el contrato se encuentran:

• Asesorar en materias estratégicas vinculadas al deporte.
• Elaborar propuestas e informes relacionados con el área.
• Coordinar iniciativas deportivas.
• Realizar seguimiento a proyectos y medidas vinculadas a esta materia.
• Desarrollar otras labores que sean requeridas por su encargado directo y que resulten necesarias para apoyar la función presidencial.

Regreso a La Moneda tras su salida del Ministerio del Deporte

La contratación ocurre pocas semanas después de la salida de Duco del Ministerio del Deporte.

El 14 de agosto, el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de Duco y del entonces subsecretario de Deportes, Andrés Otero.

Posteriormente, el 7 de septiembre se confirmó su incorporación al equipo de asesores de La Moneda, donde asumiría funciones vinculadas al área deportiva.

Su salida del ministerio estuvo relacionada con cuestionamientos por el uso de un vehículo fiscal, situación que quedó bajo revisión de la Contraloría.

Ahora, con este nuevo contrato, Duco vuelve a trabajar para el Ejecutivo, esta vez desde un rol de asesoría y con un vínculo vigente hasta el último día de 2026.