El ministro de Seguridad, Luis Cordero, defendió la gestión del Ejecutivo tras revelaciones periodísticas que indican que la presunta detenida desaparecida Bernarda Vera podría estar viva en Argentina, y explicó por qué la hija de la víctima continúa recibiendo una pensión estatal.
El secretario de Estado dijo en Radio Duna que tuvo conocimiento de que Vera estaría “presuntamente viva” en mayo de 2024, pero advirtió que “no sabemos si es ella. Hay que hacer una distinción entre el relato periodístico y la confirmación legal”.
Cordero calificó algunas reacciones públicas como “excesos que están en el límite de la infamia” y sostuvo que actuó “con la prudencia, moderación y responsabilidad pública que merecía el caso, pensando siempre en la familia”. Añadió que “quienes crean que aquí se buscaba ocultar algo es absurdo, porque está todo documentado”.
Sobre las diligencias necesarias para confirmar la identidad, el ministro informó que “se requiere hacer mediante procedimiento judicial, por eso los antecedentes los tiene desde mayo de este año el ministro Álvaro Meza y, por lo tanto, cualquier diligencia con el propósito de verificar su identidad, supone una colaboración judicial con Argentina”.
Respecto a la pensión que recibe la hija de Bernarda Vera, Cordero explicó el motivo por el cual sigue percibiéndola: “La familia no sabía; la hija tenía 5 años cuando ella desapareció. Quienes presentaron el caso frente a la Comisión Rettig fueron sus padres, que se encuentran fallecidos” y “ella es una persona que tiene 60% de discapacidad motriz, si no su pensión habría sido hasta los 25 años”.
En el ámbito político, el ministro reconoció que “desde el mundo político ya se ha comenzado a buscar formas para que se retire” el beneficio. En esa línea, parlamentarios han impulsado propuestas —como una iniciativa presentada por RN— para facultar a la Contraloría a retirar beneficios relacionados con reparaciones en casos de desaparecidos, según las gestiones en curso.
Los próximos pasos administrativos y judiciales incluyen la eventual cooperación con autoridades argentinas para la verificación de identidad y la revisión de antecedentes por parte de los ministerios competentes. En paralelo, la situación ha generado debates en el plano político sobre la revisión de beneficios de reparación, con potencial impacto en casos similares y en las familias afectadas.
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