El exministro Luis Cordero calificó como “complejo” el proceso que terminó con la salida de la jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, y advirtió sobre el impacto institucional de versiones contradictorias sobre quién solicitó su renuncia.
Inicialmente se informó que la ministra Trinidad Steinert había pedido la salida de Peña, pero tanto la secretaria de Estado como el Presidente José Antonio Kast declararon posteriormente que la decisión corresponde al director general de la PDI, Eduardo Cerna. En ese contexto, Cordero se refirió al caso en una entrevista con CNN Chile.
“Es complejo, primero, porque todavía no se aclara la forma y modo en que se ejecutó”, dijo Cordero sobre la solicitud de renuncia, y agregó que “sobre Consuelo Peña solo se puede hablar de su impecable trayectoria previa”. Según el exministro, en otras circunstancias Peña “probablemente hubiese sido una de las candidatas más serias a ser la primera mujer directora de la Policía de Investigaciones”.
Cordero también puso el foco en la defensa de la institucionalidad. “Se ha aceptado que el director Cerna comparezca el próximo lunes a la Comisión de Seguridad”, recordó, y sostuvo que “la primera obligación de las autoridades civiles respecto de sus policías, y esto aplica también para las Fuerzas Armadas, es cuidar las instituciones”.
Sobre el trámite de la citación, el exministro advirtió que “exponer a un director de la policía, que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia de la autoridad civil, a comparecer a una comisión respecto de una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo”. Y añadió que “tolerar que a una situación de estas características el que tenga que exponer a aclarar este punto sea el director de la policía civil, que está subordinado al poder civil, es no cuidar las instituciones”.
La controversia suma tensiones entre el Gobierno y los órganos de control y ya tiene un próximo hito: la comparecencia del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad del Congreso. Para la ciudadanía, el episodio plantea cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos internos de las policías y la protección de la autonomía institucional.
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