El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que el Gobierno debe aguardar las resoluciones judiciales tras la demanda de 659 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) por un bono de gratificación mal pagado, un conflicto que, dijo, tiene “larga data” y ya cuenta con un pronunciamiento de la Contraloría.
En 2019 la PDI anunció un ajuste en el cálculo de la Gratificación de Zonas para quienes prestan servicio en unidades ubicadas en zonas consideradas “extremos”. Ese mismo mes la institución suspendió el pago y remitió el nuevo procedimiento a la Contraloría General de la República (CGR) para su revisión.
En 2021 la CGR confirmó que el método de cálculo propuesto era el correcto. En ese año dos exfuncionarios acudieron a la justicia para exigir el pago total de la gratificación; desde entonces la controversia se judicializó y actualmente existen 659 recursos en curso, según la información publicada.
La PDI indicó que 139 personas ya recibieron el pago, de las cuales 59 son funcionarios activos y 80 no activos, por un monto total de $996.994.711.
Sobre la judicialización del caso, Cordero señaló que “este es un asunto que tiene larga data, tiene muchos años, tiene un debate a propósito de un dictamen de Contraloría y que finalmente, los funcionarios de la PDI han decidido judicializar hace algún tiempo”, dijo el ministro.
Respecto del rol del Ejecutivo, Cordero añadió que “el Ejecutivo no tiene más que asumir las decisiones jurisdiccionales, es un asunto respecto al cual el Ejecutivo hoy día no puede tomar ninguna decisión, porque trabada la litis, el Ejecutivo no puede pronunciarse y de hecho, el dictamen de Contraloría sobre este punto ya se ha emitido, solo quedan las resoluciones judiciales”.
El ministro advirtió además sobre el impacto fiscal de errores en los cálculos: “nosotros creemos que los errores de cálculo en el tema de las asignaciones, que no son nuevos en nuestro país, tienen consecuencias en el patrimonio fiscal, por eso calcular bien las cuentas y las asignaciones es un factor bien relevante”. Finalmente expresó que “El gobierno no tiene más que esperar las resoluciones de la justicia”.
