El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó por qué el Gobierno no presentó una querella por Ley Antiterrorista tras el atentado que dejó un muerto y un herido grave en Victoria, La Araucanía, y detalló las medidas investigativas que instruyó el Ejecutivo. La acción judicial del Estado se presentó por asociación criminal y homicidio calificado, señaló.
Cordero sostuvo que “uno tiene que tener cuidado con creer que las querellas son una declaración política. El Gobierno se puede querellar, pero la calificación corresponde al Ministerio Público”, y añadió que la decisión del Ejecutivo refleja su visión sobre los hechos: “El hecho de que nosotros hubiéramos calificado esto como homicidio calificado y asociación criminal, queda suficientemente hacia donde va el Gobierno. El Gobierno considera que es una organización criminal que ha cometido un delito violento”.
El ministro recordó que la empresa CMPC confirmó el fallecimiento del trabajador Manuel León y que César Osorio permanece “hospitalizado en estado crítico”. Sobre la gravedad del delito, afirmó que “los números pueden ir a la baja, pero un crimen alevoso como el que ocurrió en Victoria, hace que estos números tiendan a quedar en segundo plano”.
Respecto a la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista, Cordero explicó que la recalificación depende de nuevos antecedentes: “lo que puede suceder es que si en el camino hay antecedentes adicionales y que podrían respaldar la recalificación por ley antiterrorista, el Gobierno lo va a hacer”. También recordó que en episodios previos con incendios y reivindicaciones el Ejecutivo ya ha utilizado esa normativa, y reiteró que “las estructuras de penalidad son igualmente altas”.
En materia investigativa, el secretario de Estado indicó que instruyó a Carabineros a disponer de “los mejores equipos investigativos” y que la Policía de Investigaciones (PDI) está colaborando. Sobre el avance de las diligencias dijo que “hay claridad del número de armas, qué tipo de armas. Existen dos o tres hipótesis que se están investigando. Las policías han levantado suficiente información sobre los hechos”.
El ministro también se refirió a una indagación del Ministerio Público sobre la intervención del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, en la entrega voluntaria de un sospechoso vinculado al homicidio del empresario Michael Peñaloza. Sobre esa situación, Cordero señaló que “la investigación estaba en curso, habían medidas intrusivas, órdenes de detención y entre medio de eso, aparece la intervención del alcalde, efectivamente, creo que no hubo una acción deliberada de parte de él” y añadió: “En ningún caso le atribuyó una intención distinta que no sea la de colaborar, pero hay veces que las mejores intenciones pueden tener efectos negativos, esta vez no lo produjo, pero es una señal de alerta”.
La causa en La Araucanía sigue en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la calificación final de los hechos. En paralelo, las policías prosiguen las pericias para establecer responsabilidades y probar las distintas hipótesis sobre el ataque.
