La Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó la resolución que había suspendido el procedimiento penal contra el diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, y ordenó continuar la investigación por presunto fraude al fisco, informó el tribunal este viernes.
El tribunal de alzada acogió por unanimidad los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según la Corte, “la suspensión del procedimiento carecía de sustento normativo”, por lo que dejó sin efecto la medida que había detenido la causa.
En su fallo, la Corte de Coyhaiique precisó que el fuero parlamentario consagrado en el artículo 61 de la Constitución y en el artículo 416 del Código Procesal Penal “solo exige autorización judicial previa en caso de solicitarse medidas cautelares personales”, situación que no se daba en este expediente, puesto que la Fiscalía “únicamente solicitó la formalización de la investigación”.
El tribunal también descartó la aplicación del artículo 615 del antiguo Código de Procedimiento Penal, al considerar que se trata de “una norma derogada e inaplicable al actual sistema procesal penal”, y sostuvo que “la normativa vigente no contempla la facultad de suspender el procedimiento en el estado procesal en que se encontraba la causa”.
Además, la Corte tuvo en cuenta que el imputado ya había sido desaforado mediante sentencias dictadas por la propia Corte de Apelaciones de Coyhaique y confirmadas por la Corte Suprema, las que, según el fallo, “se encuentran firmes y ejecutoriadas”, y que “los hechos investigados son los mismos que motivaron dicha declaración de haber lugar a la formación de causa”.
El origen de la investigación data de junio de 2025, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Calisto acusándolo de, presuntamente, “haberse coludido con su exasesora Carla Graf para pagarle falsas asesorías parlamentarias”, en hechos que el CDE estimó como un perjuicio fiscal de “$100 millones”.
Con la revocación, el procedimiento penal continuará su tramitación normal, lo que permite a la Fiscalía proseguir con la formalización de la investigación y al CDE mantener la acción judicial. La resolución implica que el caso seguirá su curso en el sistema penal, sin la paralización vinculada al cambio de fuero por la próxima asunción del senador electo.
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